jueves, 17 de septiembre de 2009
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Tras 3 años de prisión, liberan a indígena otomí Jacinta Francisco
Tras 3 años de prisión, liberan a indígena otomí Jacinta Francisco
Se ordenó reabrir el proceso que la condenó a 21 años; la PGR declinó presentar más pruebas.
La Jornada en línea
Publicado: 16/09/2009 09:43
Querétaro, Qro., 16 de septiembre. Jacinta Francisco Marcial encarcelada durante tres años por presuntamente secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), obtuvo su libertad la madrugada de este martes, luego de que el Juzgado cuarto de distrito con sede en la capital queretana, cerró la instrucción
el lunes pasado para ya no recibir más elementos de prueba como parte del proceso
jurídico.
Al filo de la una de la mañana de este martes, Jacinta Francisco salió del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José El Alto acompañada de algunos de sus familiares y abogados del Centro de
Derechos Humanos Agustín Pro Juárez que asumió su defensa legal.
El titular del Centro de Derechos Humanos Jacobo Daciano, Bernardo Romero Vázquez, indicó que la defensa legal de Jacinta recibió la notificación del Juzgado cuarto de distrito sobre la liberación de la indígena ñañú al filo de la media noche.
Señaló que en el transcurso del martes pasado, el juzgado recibió de parte de la Procuraduría General de la República las conclusiones no acusatorias en contra de Jacinta Francisco, por lo que fue liberada.
Tras salir del Cereso, Jacinta Francisco no hizo declaración alguna y fue trasladada a u domicilio particular en la comunidad de Santiago Mezquititlán en el municipio de Amealco.
Será el jueves próximo, cuando Jacinta Francisco de testimonio de lo ocurrido durante tres años de encarcelamiento por el delito de secuestro del cual no se le comprobó, en una conferencia de prensa efectuada en el Distrito Federal.
Jacinta Francisco fue acusada de secuestro luego de que elementos de la AFI arribaron a la citada comunidad para realizar un operativo de decomiso de piratería ocasionando destrozos. Ante la molestia de los
lugareños los agentes ofrecieron pagar 70 mil pesos para reponer el daño, para luego señalar que habían sido secuestrados.
Tras este hecho, Jacinta fue sentenciada a 21 años e prisión por el juez cuarto de distrito Rodolfo Pedraza Longi. El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, intervino como defensa legal de la acusada y
demostró que no existían pruebas contundentes en contra de la indígena por lo que el Poder Judicial ordenó reponer el caso pero con el mismo juez para que se presentaran nuevos elementos de prueba.
El lunes pasado concluyó la fase de presentación de pruebas con una serie de careos en el que participó Jacinta Francisco, elementos de la AFI y algunos lugareños, aunque desde el 3 de septiembre pasado la PGR dio a conocer su conclusión no acusatoria en contra de la indígena.
Jacinta sale libre luego de tres años de cárcel
Juan José Arreola/Corresponsal
El Universal
Querétaro Miércoles 16 de septiembre de 2009
07:53 "Me siento contenta", fue la primera exclamación de Jacinta Francisco Marcial al salir minutos después de la una de la madrugada de este miércoles del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José el Alto, en donde estuvo recluida por espacio de tres años y un mes.
A Jacinta -indígena otomí de Santiago Mexquititlán- se le acusó y juzgó por el delito de secuestro en agravio de seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI) cuando éstos realizaban un operativo de decomiso de productos "pirata" en el tianguis de Santiago Mexquititlán.
Sin pruebas contundentes, en medio de un proceso plagado de irregularidades, con pruebas no definitorias, Jacinta Francisco fue acusada, juzgada y sentenciada a purgar 21 años de prisión por un delito que no cometió.
Junto con ella fueron también acusadas Teresa González y Alberta Alcántara, ambas también indígenas y también acusadas sin pruebas contundentes.
Jacinta salió del penal a bordo de un automóvil particular en el que iba acompañada por su esposo, Guillermo Francisco Prisciliano, por su abogado defensor, Andrés Díaz, y por una de sus hijas.
Pidió a quienes le realizaban preguntas que por ahora ya no la cuestionaran; se concretó a decir solamente que se sentía contenta y que después podría hablar, pues quería descansar.
Bernardo Romero Vázquez, quien es presidente del Centro de Derechos Humanos "Fray Jacobo Daciano" y quien fungió como enlace del Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro Juárez", instancia que se encargó directamente de la defensa de Jacinta.
Bernardo Romero afirmó que ya en libertad, Jacinta junto con su abogados, analizarán la posibilidad de solicitar una indemnización por el tiempo que injustamente estuvo en prisión.
Jacinta sale libre luego de tres años de cárcel
La indígena otomí sentenciada a 21 años de prisión por el secuestro de seis elementos de la AFI fue liberada la madrugada de hoy del Cereso de San José el Alto
Juan José Arreola/Corresponsal
El Universal
Querétaro Miércoles 16 de septiembre de 2009
07:53 "Me siento contenta", fue la primera exclamación de Jacinta Francisco Marcial al salir minutos después de la una de la madrugada de este miércoles del Centro de Readaptación Social (Cereso) femenil de San José el Alto, en donde estuvo recluida por espacio de tres años y un mes.
A Jacinta -indígena otomí de Santiago Mexquititlán- se le acusó y juzgó por el delito de secuestro en agravio de seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI) cuando éstos realizaban un operativo de decomiso de productos "pirata" en el tianguis de Santiago Mexquititlán.
Sin pruebas contundentes, en medio de un proceso plagado de irregularidades, con pruebas no definitorias, Jacinta Francisco fue acusada, juzgada y sentenciada a purgar 21 años de prisión por un delito que no cometió.
Junto con ella fueron también acusadas Teresa González y Alberta Alcántara, ambas también indígenas y también acusadas sin pruebas contundentes.
Jacinta salió del penal a bordo de un automóvil particular en el que iba acompañada por su esposo, Guillermo Francisco Prisciliano, por su abogado defensor, Andrés Díaz, y por una de sus hijas.
Pidió a quienes le realizaban preguntas que por ahora ya no la cuestionaran; se concretó a decir solamente que se sentía contenta y que después podría hablar, pues quería descansar.
Bernardo Romero Vázquez, quien es presidente del Centro de Derechos Humanos "Fray Jacobo Daciano" y quien fungió como enlace del Centro de Derechos Humanos "Agustín Pro Juárez", instancia que se encargó directamente de la defensa de Jacinta.
Bernardo Romero afirmó que ya en libertad, Jacinta junto con su abogados, analizarán la posibilidad de solicitar una indemnización por el tiempo que injustamente estuvo en prisión.
jueves, 3 de septiembre de 2009
Concluye PGR no acusar a Jacinta por presunto plagio de seis agentes
Concluye PGR no acusar a Jacinta por presunto plagio de seis agentes
Un tribunal unitario consideró que existe una "duda razonable" sobre la culpabilidad de la mujer.
Notimex
Publicado: 03/09/2009 11:30
México, DF. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que se presentarán conclusiones no acusatorias en el caso de la indígena Jacinta Francisco Marcial.
En un comunicado, la dependencia precisó que el Ministerio Público Federal hizo una valoración objetiva de las pruebas que integran la causa penal, sobre todo la relacionada con la reposición del procedimiento ordenado en la toca penal 27/2009.
Este procedimiento fue ordenado por el magistrado del Tribunal Unitario del 22 Circuito, en el cual se advierte que se actualiza la existencia legal de la figura denominada "duda razonable", concerniente única y exclusivamente a la responsabilidad penal de la inculpada.
Por esta razón, aun desahogados los careos procesales en los que coadyuvará la PGR para su agilización y posterior al cierre de la instrucción que decrete el juez, se presentarán conclusiones no acusatorias.
Jacinta Francisco Marcial fue detenida el 3 de agosto de 2006 y condenada a 21 años de cárcel el 19 de diciembre de 2008 por el juez 4 de distrito en Querétaro, junto con Alberta Alcántara y Teresa González.
A Jacinta Marcial se le consideró responsable de haber secuestrado a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro.
La PGR refrendó su compromiso de actuar conforme a derecho y en total observancia a las garantías individuales consagradas en la Constitución.
SE PRESENTARÁN CONCLUSIONES NO ACUSATORIAS EN EL CASO JACINTA FRANCISCO MARCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COMUNICADO DE PRENSA
México, D. F., a 3 de septiembre de 2009
CASO JACINTA FRANCISCO MARCIAL
La Procuraduría General de la República informa a la opinión pública
que inherente al Proceso Penal 48/2006, del índice del Juzgado
Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, instruido en contra de
Jacinta Francisco Marcial y otros, por los delitos de Secuestro y Contra
Servidores Públicos, en estricta aplicación a los principios que la rigen
y después de que el Ministerio Público de la Federación como garante
de la legalidad, realizó una objetiva valoración de las pruebas que
integran la causa penal, principalmente las relacionadas con motivo de
la reposición del procedimiento ordenada en el Toca Penal 27/2009,
por el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito,
se advierte que en el caso concreto se actualiza la existencia legal de
la figura denominada “duda razonable”, concerniente única y
exclusivamente a la responsabilidad penal de la procesada Jacinta
Francisco Marcial, razón por lo cual, una vez desahogados los careos
procesales, en los que coadyuvará la PGR para su agilización, y
posterior al cierre de la instrucción que decrete el juez, se presentarán
conclusiones no acusatorias.
Con acciones de esta naturaleza, la Procuraduría General de la
República refrenda su compromiso con la sociedad para actuar
conforme a derecho y en total observancia a las garantías individuales
de los gobernados consagradas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
e-mail: comunicacionsocial@pgr.gob.mx
martes, 25 de agosto de 2009
La triste histoire de Jacinta
La triste histoire de Jacinta, une indienne otomí condamnée à 21 ans de prison, pour avoir supposément pris en otage 6 policiers fédéraux 1/2
La semaine dernière, Jacinta Francisco Marcial, une indienne otomí de l’Etat de Querétaro, a été déclarée « prisonnière de conscience » par l’organisation Amnistie Internationale.
Avec cette déclaration, Aministie Internationale espère aider à la libération de Jacinta, qui a été condamnée à 21 ans de prison par les autorités mexicaines, pour avoir supposément pris en otage 6 policiers fédéraux.
L’organisation mexicaine Miguel Agustín Pro Juárez A.C, qui assure la défense légale de Jacinta, a précisé lors de la conférence de presse, qu’avant de clamer l’innocence de Jacinta, elle a « réalisé un ardu travail de documentation, qui lui permet de cautionner cette affirmation ».
Les faits
Le 26 mars 2006, 6 policiers fédéraux de l’Agence Fédérale d’Investigation (AFI) sont arrivés dans le village de Santiago Mexquititlán, dans l’Etat de Querétaro. Les policiers affirmaient qu’ils avaient reçu l’ordre de confisquer les stupéfiants et DVD pirates qui se vendent sur la place du marché (comme dans tout le Mexique).
Mais curieusement, les policiers « ne portaient pas d’uniforme et aucun papier officiel où on leur ordonnait de réaliser cette opération ». Face à cette situation plus ou moins irrégulière, plusieurs commerçants de Santiago Mexquititlán se sont opposés à être dépouillés de leurs marchandises et ont exigé le remboursement des produits abîmés par les policiers. La tension est rapidement montée, et les policiers ont finalement accepté de se rendre dans le village voisin pour réunir de quoi compenser les commerçants. Il se décida qu’un des policiers resterait aux côtés des commerçants en guise de garantie du retour de ses coéquipiers. Selon plusieurs témoins, le policier est resté à tout moment en communication avec ses supérieurs et n’a souffert aucune agression. L’incident s’est terminé à 19heures, après que les commerçants aient reçu l’argent voulu.
Mais ce que les commerçants ignoraient, c’est qu’immédiatement après avoir abandonné le village de Santiago Mexquititlán, les policiers se sont rendus à la Procuraduría General de La República pour présenter une plainte pour privation de liberté (« secuestro » en espagnol). Le 3 août 2006, Jacinta Francisco Marcial, qui vend des glaces et des boissons fraîches sur le marché de Santiago Mexquititlán, est arrêtée, accusée d’avoir pris en otage les 6 agents, et condamnée à 21 ans de prison. Deux autres femmes du village, Teresa González et Alberta Alcántara, sont également arrêtées.
Les arguments de la défense
Pour les organisations Amnistie Internationale et Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, Jacinta Francisco Marcial est « aujourd’hui en prison à cause de différentes caractéristiques qui la rendent très vulnérables face aux graves déficiences du système de justice mexicain : son origine ethnique, sa condition de femme et sa situation économique ».
Car pour les avocats de Jacinta, aucun policier n’a été pris en otage le 26 mars 2006 à Santiago Mexquititlán.
« Pour nous le délit de privation de liberté n’a pas été commis, car il s’agit d’une réponse légitime des commerçant face aux abus des policiers », a expliqué Leopoldo Maldonado Gutierrez, avocat du Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C, à Infosmexique.
« Le droit pénal peut ouvrir la voie à d’autres chefs d’accusation, par exemple, dégât matériel, une faute administrative, mais en aucun cas on peut parler de privation de liberté, car la loi précise qu’il faut d’autres éléments objectifs et subjectifs pour qu’un tel délit soit commis ».
Dans tous les cas, même si les juges persistent à croire que les policiers ont été effectivement pris en otage par les commerçants, la responsabilité de Jacinta ne peut être mise en cause, car elle n’était pas présente durant l’incident.
« Pendant le temps où les policiers étaient supposément pris en otage, Jacinta vendait des boisson sur le marché aux cotés de sa famille, puis elle est allée à la messe, et s’est rendue à la pharmacie pour se faire faire une injection », raconte Leopaldo Maldonado.
« A un moment, Jacinta s’est approchée pour écouter les négociations entre les autorités et les commerçants, et on l’a prise en photo, c’est cette photo qui sert de base à l’accusation, mais même le journaliste qui l’a prise a déclaré lorsqu’il a été appelé à comparaître devant le juge qu’il n’est pas certain que les policiers aient été pris en otage ».
Face à cette situation, Amnistie Internationale et le centre PRODH considèrent que Jacinta a été choisi comme bouc-émissaire par les autorités pour sa grande vulnérabilité. Car Jacinta parle peu l’espagnol, on ne lui a pas accordé d’interprète durant le processus judiciaire et personne n’est venu lui expliquer qu’elle avait le droit de se défendre. Elle représentait donc un blanc facile pour les autorités qui désiraient prendre des représailles contre les commerçants de Santiago Mexquititlán.
Plusieurs organisations civiles exigent la libération immédiate de Jacinta
Compte tenu de ces irrégularités, Amnistie Internationale et le centre PRODH exigent la libération immédiate de Jacinta.
Mais les autorités mexicaines ne semblent pas de cet avis.
Bien que le 17 juillet 2009 la Commission des Droits de l’Homme ait résolu que de graves irrégularités ont été commises durant le procès, Jacinta continue à l’heure actuelle en prison. Et elle pourrait y rester longtemps encore. Car après que la défense ait fait appel, la justice mexicaine a décidé de recommencer le procès et confronter les différents témoins, un processus qui pourrait durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Aux grands dammes de Jacinta et de sa famille. Car comme le dit Jacinta, « quand tu fais quelque chose de mal, tu te dis « j’ai fait l’erreur, je dois payer les conséquences », mais quand tu sais que tu n’as rien fait, c’est très dur…. »
viernes, 21 de agosto de 2009
I was convicted of kidnapping six Mexican federal agents. I didn't even know what the word meant
* Interview by Jo Tuckman
* The Guardian, Thursday 20 August 2009
* Article history
I am a Mexican Indian and growing up I didn't learn Spanish. I spoke only my mother tongue, Otomi. I spent my childhood looking after sheep and selling chewing gum on the streets. When I had my own children I was determined they would have shoes and an education. I had to work very hard, but all six of them went to school. On Saturdays we would all get together: sometimes we could only afford tortillas and beans, but my neighbours said we laughed so much they thought my daughters were my sisters. Now all that has been taken away.
On 26 March, 2006, I had set up my stall as usual selling ice lollies in the weekly market. I went to mass and afterwards everyone was talking about a police raid on the pirate DVD vendors. Later on, I took my daughter to the chemist and on our way back we noticed an argument between some women and a man. People said he was one of the Mexican federal agents who had taken the DVDs from the vendors without a warrant. The agent was paying compensation for the discs. I stopped to have a quick look then went back to my stall.
I forgot all about it until, on 3 August, a man and a woman came to get me. They said I had to answer questions at the police station about a tree that had been cut down. As I couldn't speak Spanish, my husband came to translate. When they put me into a car I noticed there were other cars on the street corner filled with men with big guns. But I wasn't frightened because I knew I hadn't done anything wrong.
At the police station I saw the two women who had been arguing with the police in the market and we were all taken into a room full of press photographers. I was separated from my husband and I still didn't understand why I was there. Now, I know that six federal agents said they were kidnapped by the market stallholders and were claiming they had not been paying compensation, but a ransom. Someone had taken a photograph of me looking on at the argument and now they were arresting me for kidnap – although at the time I didn't even know what the word meant.
I was taken to prison where they made me take off my traditional dress and put on overalls. Then I was taken to court. The other women arrested could speak Spanish but they wouldn't tell me what was going on. Instead they talked and talked to a court official. I sat in a corner and went to sleep until they woke me up to give me papers to sign.
It wasn't until a week later that my cellmates saw the news on the television and tried to explain to me what was being said. I was really scared and for a long time all I could do was cry. At night I hid under my blanket and wept. I never left my cell in the day. I had always been with my husband, my children and my people and I didn't know anything about prison.
Last year my daughter, who is a teacher, found Centro Pro Juárez, a human rights organisation, who agreed to help. They say they know I couldn't have kidnapped six men and that I mustn't lose heart. In December the court clerk told me I had been sentenced to 21 years. I had been praying to God to make me strong when I heard the news, and at first I was able to stay calm, but that night was terrible. I called my husband and we cried together. I will appeal, but even if there are people who believe me, if the judge doesn't want to let me out what can I do? I never saw the judge throughout the trial, only court officials. I wanted to tell him the truth about what happened, how they tricked me when they arrested me and how nobody explained to me what was happening. I wanted to ask him why he had sentenced me to 21 years if he had never met me.
Sometimes I am frightened that the police will do something to my family. They know it wasn't a kidnapping, but they will never admit their mistake. They are very bad people and might retaliate because I am daring to fight back. I know there are lots of people like me in prison. People don't understand that the police just pick you up and take you to prison, where nobody listens to you and nobody believes you.
When I first arrived a few of the prisoners would call me "dirty Indian", and the prison guards would pick on me, but now I speak Spanish I can stand up for myself. I am learning to read and working in the prison workshop. I still get desperate, like the other day when my niece told me that the plants in my patio have all dried up. All I want is to go home to the way things were before. But things will never be the same.
Jacinta Francisco Marcial was talking to Jo Tuckman
Source:The Guardian
jueves, 20 de agosto de 2009
Amnistia Internacional declara "Presa de Conciencia" a Jacinta Marcial
TAKE ACTION NOW!
The first night in my cell it was raining and it was very cold with the bars open onto the main courtyard and in that moment I felt bad because I knew that I hadn’t done anything wrong and I was in prison. And yes, I started to cry, I cried and I asked myself “what now?” And when I heard doors opening I thought perhaps they’ve come to let me out, and I would stand up and look through the bars to see if someone was coming to let me out, but they never did.’ Jacinta Francisco Marcial, June 2009.
Jacinta Francisco Marcial, an Otomí Indigenous woman from Santiago Mexquititlán, Querétaro state, Mexico, has been sentenced to 21 years in prison charged with the kidnapping of six agents of the Federal Investigation Agency (AFI). The AFI agents claim they were held hostage by market stall holders during a disturbance on 26 March 2006. Jacinta is the mother of six children and before spending what is now three years in prison, she sold ice creams and soft drinks with her husband to support her family on a market stall on Santiago Mexquititlán square.
Amnesty International believes that Jacinta has been imprisoned solely due to her marginal status in society as a poor indigenous woman with limited access to justice. The organization has documented many cases of the misuse of the criminal justice system to unfairly prosecute indigenous people and other vulnerable or marginalised people. Amnesty International considers Jacinta Francisco Marcial to be a prisoner of conscience and is calling for her immediate and unconditional release.
On 26 March 2006 six plain clothed AFI agents entered the street market in the main square of Santiago Mexquititlán. The AFI agents claim they were carrying out an operation to locate drugs and pirate DVDs. However, the fact that it was the weekend and the agents were not wearing uniforms has signalled to many that their intention was not official, but rather to steal the dvds. During the ostensibly official operation, theyconfiscated the local market stall holders’ goods and damaged their merchandise. Tension between the market vendors and the AFI agents grew and some of the stall holders tried to prevent them from removing their goods and punctured the tires of the AFI agents’ vehicles.
That same day the AFI Regional Chief and a prosecutor of the Federal Attorney’s General Office arrived at Santiago Mexquititlánsquare to facilitate a dialogue with the market vendors. It was agreed they would drive to a nearby town to collect money to compensate the market stall holders. One of the AFI agents was ordered to remain with the people as a guarantee that they would return. According to many witnesses from the local community, the remaining agent was in communication with his superiors at all times and he did not suffer any physical aggression or coercion. The incident ended at 7pm after money for the damages had been delivered to the some of the local vendors affected and all the agents left the town.
Unbeknown to the local community, that same evening the six AFI agents filed a complaint with the Federal Attorney General’s Office in which they alleged that they had been kidnapped for several hours by the protestors on Santiago Mexquititlán’s main square. More than four months later, on 3 August 2006 Jacinta Francisco Marcial was arrested and taken to the Federal Attorney’s General’s Office in Querétaro having been falsely informed that she was going to be questioned about the felling of a tree. Jacinta spoke very little Spanish and did not understand what was happening. Her right to an interpreter was not upheld at any time during the judicial proceedings and the state appointed public defender never spoke to her to explain her rights or defence. According to Jacinta Francisco Marcial he did nothing while she was pressed to sign papers she did not understand. Only when she arrived at the Centro de Readaptación Social de San José El Alto prison did she realize that she was being charged, together with two other women, of having kidnapped six AFI agents during the incident in the market of Santiago Mexquititlán on 26 March 2006.
Jacinta Francisco Marcial did not participate in the protest of the market-vendors against the AFI agents on 26 March 2006. The only evidence on file to implicate her in the events of that day is a newspaper clipping from the local newspaper “Noticias” taken when Jacinta was passing at the back of the crowd of protestors. Numerous witnesses have testified that Jacinta did not take part in the protest: during the disturbances she was seen attending mass, selling ice creams and went to the local pharmacy to have an injection.
In their original statements on 27 March 2006, the AFI agents made no reference to Jacinta Francisco Marcial. The agents mention only two women, neither of whom resemble Jacinta. Only a month later, when shown the photo from “Noticias”, did the six AFI agents accuse Jacinta of involvement in the alleged crime. No other evidence to prove her involvement was ever presented and the AFI agents never appeared during the trial proceedings to substantiate their claim or confirm her identification. Local lawyers believe there are no grounds to allege a kidnapping even took place on 26 March. Though minor damages may have been caused to AFI property during the disturbance, there is no evidence on file to justify charges of kidnapping.
Amnesty International believes that the imprisonment of Jacinta Francisco Marcial is in retaliation for the way the local market stall holders of Santiago Mexquititlán reacted in protest on 26 March 2006. The organization considers that the charges against Jacinta were fabricated and that she has been framed as a convenient target simply because of her marginal status in society as a poor indigenous woman. Amnesty International is currently investigating the cases of the other two women co-accused of kidnapping the six AFI agents together with Jacinta.
HOW CAN I HELP?
1.Please write letters in Spanish or your own language, making the following points:
*Stating the belief that Jacinta Marcial is a prisoner of conscience imprisoned simply because of her status as an indigenous woman, and calling for her immediate and unconditional release;
send your appeals to:
PRESIDENT OF MEXICO
Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Residencia Oficial de "Los Pinos", Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec
México D.F., C.P. 11850, México.
Fax: (+ 52 55) 50 93 53 21
Salutation: Estimado Presidente / Dear President
FEDERAL ATTORNEY GENERAL
Eduardo Tomas Medina Mora Icaza
Procurador General de la Republica
Procuraduría General de la República
Av. Paseo de la Reforma 211-213
Col. Cuauhtémoc
Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06500, Distrito Federal, México.
Fax: (+52 55) 53 46 09 08
Salutation: Señor Procurador General/Attorney General
Representative of the Federal Attorney General’s Office in Queretaro
Lic. Norma Patricia Valdez Arguelles
Delegada Estatal de la PGR en Querétaro
Domicilio para recibir correspondencia
Av. Estadio S/N, Col. Colinas Cimatorio
Querétaro 76090, México
Fax: (+52 442) 238 6801. Ask for “tono de fax”.
Salutation: Dear Madam/ Estimada Delegada
Governor of Queretaro
Lic. Francisco Garrido Patrón
Gobernador del Estado de Querétaro
Palacio de la Corregidora
Pasteur esq. 5 de Mayo
Col. Centro
Querétaro 76000
Estado de Querétaro, México.
Fax: (+52 442) 238 5008
Salutation: Dear Governor/ Señor Gobernador
2. You can also write to Jacinta to show your solidarity, please send your messages to: Centro de Derechos Humanos, Serapio Rendon NO. 57-B, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtemoc, CP 06470, Mexico DF or email: jacinta@centroprodh.org.mx
Amnesty International August 2009 AI Index: AMR 41/041/2009
Amnesty International
lunes, 10 de agosto de 2009
Yo soy Jacinta y Teresa y Alberta
| Ricardo Rocha Detrás de la Noticia 08 de septiembre de 2009 | |
| Yo soy Jacinta y Teresa y Alberta Por supuesto que regocija la posibilidad de que pronto pueda repararse una injusticia brutal para la memoria de este país: la prisión a que se ha visto sometida durante tres largos años Jacinta Francisco Marcial. Como saben, una indígena otomí del estado de Querétaro condenada a 21 años de cárcel, acusada por la Procuraduría General de la República de secuestrar a seis gorilones agentes de la AFI. Luego de un largo y tortuoso proceso, el único secuestro ha sido el de la propia Jacinta, que no entendió nunca de qué la acusaban porque entonces todavía no hablaba español. Iniciándose así una larga cadena de aberraciones jurídicas ampliamente documentadas ante la opinión pública. Ahora, después de todo este tiempo, la PGR informa en un escueto boletín que en el caso de Jacinta aplica la figura legal denominada “duda razonable” concerniente “única y exclusivamente a la responsabilidad penal de Jacinta Francisco Marcial”, por lo que adelanta que al cierre de la instrucción se presentarán “conclusiones no acusatorias”. De ello se desprenden una verdad y una amenaza: primero, que la PGR nunca tuvo ni tiene elementos de prueba contra Jacinta; tampoco tuvo ni tiene los tamaños y el valor de reconocer que todo se debió a un capricho para castigar al pueblo de Santiago Mexquititlán por su rebeldía a los abusos de los afis; y que mintió tan flagrantemente que el agente que dio por secuestrado jamás se ha presentado a ratificar su declaración. Pero, en el colmo de una necedad abyecta, la PGR amenaza desistir de la aberración con Jacinta, pero persistir en el atropello a Teresa González y Alberta Alcántara. También acusadas por los mismos hechos, también mujeres, también pobres y también indígenas ñha-ñhus, que seguirían en la cárcel otros 18 años y cuya única diferencia procesal es que ellas fueron defendidas por abogados particulares y no por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez que asumió la defensa de Jacinta. Pareciera que el gobierno federal a través de la PGR quiere enviar un doble y absurdo mensaje: a la opinión pública, que no se equivocaron del todo en este vergonzoso episodio; y a sus esbirros, que pueden seguir abusando impunemente de los más desprotegidos. Se equivocan también por partida doble. Nada de lo que hagan ahora podrá eximirlos del juicio popular que derivará en un juicio penal. Y si alguna vez fuimos Jacinta, ahora también sabremos ser Teresa y Alberta. Y todas las Jacintas, Teresas y Albertas que para vergüenza de este país siguen presas en este México que ya no está para más injusticias. Ni le busquen. |
viernes, 22 de mayo de 2009
Nota de el Consejo de la Judicatura Federal
DGCS/NI: 08/2009
NOTA INFORMATIVA
Rodolfo Pedraza Longi, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de
Querétaro, informa sobre la causa penal 48/2006 instruida contra Jacinta
Francisco Guillermo o Jacinta Francisco Marcial, y otras, por privación
ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, y otros delitos:
El 19 de diciembre de 2008, dicho Juzgado emitió sentencia definitiva
contra Jacinta Francisco Guillermo ó Jacinta Francisco Marcial y Teresa
González Cornelio, a 21 años de prisión y dos mil días-multa, y el 19 de
enero de 2009 contra Alberta Alcántara Juan, a 21 años 10 meses de
prisión y dos mil días-multa, penas mínimas que la ley señala para los
delitos imputados.
Las sentenciadas interpusieron recurso de apelación y los autos se
remitieron al Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito. Dicho
Tribunal determinó el 7 de abril de 2009, en los tocas penales 27/2009 y
53/2009, reponer el procedimiento de primera instancia, para el efecto de
que se desahoguen diversas pruebas, en virtud de existir contradicción
entre lo dicho por las acusadas y las declaraciones de los ofendidos.
El Juzgado Cuarto de Distrito, en cumplimiento de esa resolución, ordenó
la práctica de careos entre las detenidas con los ofendidos y señaló para
su desahogo los días 20, 21, 22, 25 y 26 de mayo de 2009, diligencia que
a la fecha se lleva a cabo.
El Juez Pedraza Longi precisa que concluido el desahogo de las
diligencias, continuará el trámite legal de la causa penal y se emitirá de
nueva cuenta, sentencia definitiva.
-
viernes, 13 de marzo de 2009
La foto que la incrimina en el secuestro
Foto que incrimina a Jacinta Marcial en el secuestro de los seis agentes del AFI, de acuerdo a el Juez Cuarto de Distrito con sede en Queretaro, Roberto Estrada Longi.
Prueba suficiente para dictarle una condena de 21 años y una multa de $91,620 pesos
Jacinta, Alberta, Teresa: Miguel Ángel Granados Chapa
Jacinta, Alberta, Teresa: Miguel Ángel Granados Chapa
PLAZA PÚBLICA
Jacinta, Alberta, Teresa
Miguel Ángel Granados Chapa
13 Mar. 09
Por diversos motivos, la atención pública está puesta en el caso de Florence Cassez, una ciudadana francesa sentenciada en primera y segunda instancia por diversos delitos, secuestro entre ellos. Debido a su oriundez y el pedido de que cumpla tal condena en su patria, como lo permite la ley, en Francia su caso está tomando el carácter de ejemplo de una deplorable administración de justicia. Para infortunio de todos, es posible que en efecto la culpabilidad de la señora Cassez haya sido fraguada para efectos mediáticos y políticos. Al menos, es un hecho indubitable que su detención fue escenificada para que la televisión mostrara la eficacia de la Agencia Federal de Investigación, dirigida en diciembre de 2005, cuando se montó el suceso, por Genaro García Luna, ascendido no obstante ése y otros lamentables lances de la corporación a su cargo a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública.
Es deseable que el mismo interés dirigido al caso de la señora Cassez se concentre en la desgracia que viven tres mujeres queretanas, de habla ñahñú, presas injustamente desde hace dos años y medio, sujetas a procesos que pueden concluir en penas de prisión mayores de 20 años cada una. Son ellas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, cuya vida ha sido profundamente perturbada por lo que puede ser un abominable acto que busca mantener la vigencia del acto de autoridad, de respeto a agentes del gobierno a los que debe obedecerse y callar.
Se les acusa de haber retenido, privado de la libertad a seis miembros de la misma AFI que preparó artificiosamente la filmación de la captura de Cassez y sus cómplices. El señalamiento sería risible de no ser trágico. Difícilmente se puede imaginar a tres señoras de apariencia frágil a la cabeza de una acción colectiva en la que los habitualmente bruscos y prepotentes policías hayan quedado reducidos y mantenidos en calidad de rehenes como lo pretende la acusación y la sentencia de primera instancia, dictada ya en agravio de la señora Jacinta.
Ella y sus compañeras realizaban hace tres años, el 26 de marzo de 2006, su actividad habitual en el tianguis del poblado de Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco, no lejos de San Juan del Río y de la propia capital queretana. Se ocupaban en su comercio normalmente -Jacinta vendiendo aguas frescas- cuando media docena de miembros de la AFI irrumpió en el tianguis, en busca de discos piratas. Se comportaron con tal insolencia, destruyendo lo que encontraban a su paso, que la gente en el mercado, vendedores y compradores reaccionaron indignados y sometieron a los depredadores. Un agente del Ministerio Público y un jefe de los policías se apersonaron en el lugar de los hechos y reconocieron los destrozos y estuvieron dispuestos a resarcirlos. Mientras lo hacían, un agente quedó por así decirlo en prenda de que se restituiría lo perdido, mismo que se marchó cuando en efecto se cubrió el monto de los daños y perjuicios provocados por la arbitraria acción policiaca, emprendida no digamos sin orden judicial sino ni siquiera previa identificación de los dizque agentes del orden.
El episodio parecía haber quedado zanjado. Pero al parecer los policías quedaron ofendidos por la contención de sus desmanes y su breve detención, y decidieron hacerlo pagar. En agosto siguiente, inopinadamente, las tres señoras mencionadas, a quienes se imputó haber encabezado la operación de resistencia fueron detenidas y llevadas a proceso.
El de Jacinta Francisco Marcial, desarrollado ante el juez federal Rodolfo Estrada Longi, terminó dos años después de su captura, con una aberrante sentencia a 21 años de prisión y el pago de una multa por más de 90 mil pesos, una fortuna inmensa para muchas personas, inimaginable en el caso de una señora que vende aguas frescas y a la que, para agravar su situación, le fueron sembradas varias dosis de cocaína, para simular que se dedicaba al tráfico de ese estupefaciente, como si en ese poblado la droga vendible fuera ese alcaloide, cuya cotización en el mercado es alta.
En diciembre pasado, tanto el Ministerio Público como la señora afectada apelaron la sentencia y el caso se ventila en el tribunal unitario del vigésimo segundo circuito judicial, donde de un momento a otro el magistrado Hanz Eduardo López Muñoz dictará la sentencia de segunda instancia. A la señora Jacinta y sus compañeras Alberta y Teresa las asesora en este momento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha conseguido que varias oficinas y representantes populares se interesen en el caso. Lo han hecho la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y diputados federales y locales. Anteayer viajaron desde San Lázaro los legisladores Carlos Alberto Navarro y María de los Ángeles Jiménez, del PAN, y Alliet Bautista, del PRD. Igualmente se ocupa del caso la diputada local perredista Carmen Consolación González Loyola. Se trata de que las acusadas sean puestas en libertad, ya sea mediante una mejor tipificación de las conductas que se les achacan, ya a través del desvanecimiento de pruebas, ficción jurídica que en el fondo reconoce que no hubo nunca tales probanzas contra las detenidas, que si bien no hablan sólo su lengua materna, no estuvieron en condición de comprender la naturaleza de los procesos en su contra porque carecieron de la asistencia legal especializada que ordena la Constitución.
Han de quedar en libertad. La merecen.
Cajón de Sastre
La formación y la experiencia del nuevo subsecretario de Gobierno de la Segob no parecen los antecedentes necesarios para quien ha de ejercer la política interior, es decir, tratar con los poderes Judicial y Legislativo y con los gobernadores, entre otras tareas. Licenciado en economía en el ITAM, posgraduado en administración pública en Harvard, dirigió la fundación Miguel Estrada Iturbide de los parlamentarios panistas antes de ingresar en el gobierno en el 2000, al lado del secretario de Economía Luis Ernesto Derbez, como responsable de la Unidad de Planeación, Comunicación y Enlace. El propio Derbez, al caminar a la Cancillería, lo hizo subsecretario para América del Norte, y su sucesora Patricia Espinosa lo trasladó a la subsecretaría de América Latina.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
jueves, 12 de marzo de 2009
miércoles, 11 de marzo de 2009
Jacinta, ¿plagiaria o víctima?
Jacinta, ¿plagiaria o víctima?
La indígena otomí de 42 años, condenada a 21 de prisión acusada de secuestrar a seis agentes armados de la PGR-AFI, relata su pesadilla
Ricardo Rocha
El Universal
Miércoles 11 de marzo de 2009
politica@eluniversal.com.mx
Para llegar a ella hay que rebasar la ciudad de Querétaro y luego tomar una carretera secundaria. Al poco rato se aparece la doble mole de los penales: de un lado del camino los hombres y del otro lado las mujeres. Luego recorre uno a pie una larga, solitaria y estrecha calle que busca al fondo la puerta negra de hierro. De un lado el altísimo muro de hormigón y del otro la alambrada coronada de púas.
Es una cárcel. Aunque los eufemismos le llamen Centro de Readaptación Social, es una prisión, eso lo recuerdan los trámites y registros de rigor y el predominio de las rejas y las puertas giratorias de pesado metal. Salvo los guardias hombres de la entrada voy contando una veintena de custodios mujeres que nos van conduciendo por los laberínticos pasillos interiores. Y no puedes evitarlo, a cada paso hacia adentro vas perdiendo más y más lo que se queda allá afuera. Es una cárcel.
Y ahí están sus habitantes: en el patio y al sol hay unas 10 de las 141 reclusas; una de ellas fortísima, de rostro decidido y mirada fulminante que impondría todavía mas temor de no ser porque vive y reina desde un trono insólito de una silla de ruedas: perdió ambas piernas… ni siquiera me atrevo a preguntar por su historia; sin embargo, me cuentan inevitablemente la de una muchacha muy bella con un niño en brazos a la que agarraron con su marido por venta de drogas. En cambio, al hablar de Jacinta, Martha Yáñez Carbajo, la directora del penal, como que se apena. Recuerda que desde que llegó supo que era inocente, que se trató desde el principio de una acusación infundada, de una historia más que increíble, inadmisible; a ver, quién se puede creer que una mujer indígena otomí —ahora de 46 años— haya secuestrado a seis agentes armados de la PGR-AFI; es no sólo un insulto a la justicia sino a la más elemental inteligencia. Pero nuestra opinión no cuenta —me dice— nosotros nada podemos hacer que no sea tratar de la mejor manera posible a Jacinta y a las otras internas.
En esas estábamos cuando no sé por qué la presiento, la advierto y me la encuentro en un pasillo. Me sorprende con un abrazo tímido pero sincero, como si nos conociéramos desde antes. Luego casi sin preguntarle, me va platicando su historia, igual en su celda que frente a la máquina en el taller de costura donde hace estuches de tela acolchonados. ¿Para qué son? Para las mujeres que guardan pintura. ¿Cómo se llaman? Si, de pinturas que mandan hacer ¿A usted no le gustan? ¿Yo? ¡No! ¡Yo nunca me he pintado! estalla en una carcajada. Luego vendrían los silencios y, apenas asomadas, las lágrimas.
La han condenado a 21 años de prisión, ¿qué significa para usted? Yo ni sé, como que no puedo, pues no puedo creer… no sé que es. ¿Qué han sido estos dos años y medio, casi tres años de prisión? No entiendo, no sé contestar eso, no sé cómo digo. Usted ya está hablando español ahora, pero hace tres años sólo hablaba ñhä-ñhú otomí. Casi siempre habla otomí, pero hay palabras que no entiende bien.
—A ver, ¿qué piensa cuando está aquí a solas?, ¿puede creer lo que le ocurrió, usted entiende por qué la metieron a la cárcel?
—Como que no puedo creer, no puedo creer que cómo qué fue, pos como que no es realidad, como que es este, como que nada más un sueño, como que estoy aquí nada más por un sueño… nada más, porque no puedo creer… ahora me dicen de que sentencia, de que delito, mis compañeras y mi maestra.
—¿Secuestró usted a seis agentes armados de la AFI, de la PGR?
—Pues ellos la que me dicen… ellos la que me están poniendo ese delito, porque yo nunca la hice eso… y ni lo sé que es secuestro ni lo que me estaba acusando… yo no entendí nada.
—¿Qué paso entonces aquel 26 de marzo de 2006?
—Ese pues fue un día domingos… yo en mi trabajo me dedicaba, yo vendía mis aguas frescas en el tiangui… y ese día pues ya cada ocho yo… este, como toca tres veces la campana y ya la última cuando entro yo adentro a la iglesia… entré a misa, cuando salí pues escuché decía la gente que habían llegado unos señores a llevar los discos… entonces yo ni le hice caso, agarré y me senté en mi puesto… entonces ya, otro ratito, estaba yo esperando a mi esposo y no llegaba, llegó una de mis hijas y le dije compáñame a la farmacia porque a mí me da pena que me inyecten… así le dije y me compañó una de mis hijas, cuando ya veníamos de regreso venía un señor, que venía ahí con unas personas… y es que la que escuché que estaban hablando de los discos. —¿Los discos pirata?
—Sí, sí, yo de eso estaba escuchando, pero yo ni… luego salí en el periódico.
—¿Luego se la llevaron a Querétaro unas semanas después?
—No, lo del tiangui fue en marzo, lo de que me fueron a traer fue hasta agosto… pero yo no sabía quién eran, no más que muchos con armas por todos lados.
—¿Le dijeron por qué la detenían?
—Que porque iba a declarar por un árbol tumbado… luego ya en el juzgado me dijo que no’más iba a declarar… y ahí pues estaban hablando y todo… y hacían papeles… y me daban muchos papeles a firmar y yo firmé muchos papeles y ni sabía qué era porque no entendía… luego, ya en la noche, me trajeron a la cárcel y así estoy aquí.
—¿Cómo han sido estos casi tres años?
—Se me hizo bien largo, bien largo… ya de por sí estos años son muchos, ya he perdido tiempo, mucho tiempo para mis hijos, para mi familia, para mi casa.
Santiago Mexquititlán es un pueblo sosegado donde el sol sale tarde y la noche se acuesta temprano. Apenas tres mil habitantes y seis barrios ñhä-ñhú a dos horas eternas de la cárcel de Querétaro. Ahí están la paletería y heladería de la familia que encabeza Guillermo Francisco y la casa común donde en torno al cuadrado de un patio limpio y terroso se ha ido acomodando la familia con hijos y nietos. Luego en la plaza y a la sombra de la cruz de la pequeña iglesia, familiares y testigos me juran y perjuran que todo ocurrió como me lo ha dicho ella: llegaron los seis muy armados y sin uniforme a destruir y a robar; se acobardaron cuando el pueblo empezó a rodearlos; pidieron ayuda; sus jefes se comprometieron a reparar el daño con dinero; dejaron a uno en garantía; regresaron y pagaron. Pero se desquitaron cinco meses después con Jacinta, con Teresa y con Alberta, con quienes también hablé en la cárcel.
Al salir de Santiago me traigo a México muchas voces adentro del pellejo. Pero me desgarra el llanto de Estela, la hija, cuando me enseña los estandartes de las procesiones religiosas a que convocaba Jacinta que siempre andaba visitando enfermos y moribundos. Y cuando me muestra el jardín reseco porque me asegura que las plantas extrañan a su madre. Así que prefiero quedarme con la esperanza de Jacinta cuando me dice que sí, que cree en que Dios y la gente la ayuden para recuperar su libertad.
—¿Me va a invitar algo ahora que salga?
—Claro que sí, unos nopales bien sabrosos y, si alcanza, hasta pollo.
Sin el glamour.........
Por Esto!
Miércoles, 11 Marzo 2009
Sin el glamour que algunos medios le han dado al caso de la francesa por estos días también circula el caso de Jacinta. Una mujer de 42 años, otomí, sentenciada a 21 años de cárcel por “haber secuestrado a seis agentes de la AFI”.
Leyeron bien. Se la acusa de haber “secuestrado”, en el mejor de los casos podría haberlos privado --junto con otros-- de su libertad, que no secuestrar, como ustedes fácilmente comprenderán.
Sin el glamour, claro, por ser otomí y francesa, sentenciada con una acusación, también montada, para castigarla por ser por ser pobre y no rica. Acusada por sus propios captores no de cara a los medios, de cara a llenar el número, para que, hasta crean, los ingenuos despistados si alguno queda, de que, de tanto en tanto, por muy ingenuo que se sea ya es difícil pensar que pueda creer alguien que en México se imparte Justicia, que se crea que algún delito se castiga. Aunque de manera clara sirva el caso para que a todos nos quede claro que la venganza también tiene permiso como las ejecuciones y los levantones y las desapariciones forzados de luchadores.
No creo en la vocación de justicia. Soy testigo de que a nombre de la justicia lo que se busca es venganza. Soy testigo de lo anterior de cuando en diversas Diócesis de varios Estados a indígenas y a no indígenas les enseñé a elaborar una denuncia penal y un amparo para su defensa. Convencida, que también estoy, de que el conocimiento da poder y de que en la medida que el conocimiento se generalice se acaba con el poder que unos cuantos ejercen como dueños. Y porque también lo estoy de que todos tenemos que ser capaces de apoderarnos del conocimiento que nos permita dejar de ser objetos para convertirnos en sujetos constructores de nuestra propia historia.
No me arrepiento de haber enseñado, lo que yo, más suertuda, aprendí en una universidad. Y debo reconocer que esos fueron los diez años más felices de mi vida. Pero costaba, vaya que sí costaba, a pesar de que lo mejor de la Iglesia Católica era la anfitriona propiciadora para que incluso indígenas monolingües se apropiaran del conocimiento necesario para su defensa, costaba que se entendiera que buscar justicia no es lo mismo que cobrar venganza. Más tarde en la Procuraduría del D. F y también en la General de la República fui testigo también de que a los familiares de las víctimas no les importa que pague un inocente por el crimen con tal de que alguien pague.
Y por eso, sumado al montaje televisivo, que por sí sólo en cualquier Estado de Derecho invalidaría la acusación, me queda un rescoldo de duda con relación a la culpabilidad real de la francesa. A pesar de que parece estar muy segura la víctima que la incrimina de que es ella la secuestradora que incluso le sacaba sangre a su hijo.
El PRODH ha iniciado una campaña titulada: “Yo soy Jacinta” invitando a todos a enviar cartas al magistrado ponente, que revisa la apelación, en aras de que se revoque la inmoral sentencia. En ese caso sí no tengo ni la menor duda de la inocencia de Jacinta. La acusación misma es de una brutalidad que espanta y la sentencia acorde con el Poder Judicial encabezado por ministros de la calaña que se exhibe con cada nota sobre sus aumentos, cuando no lo son sobre la exoneración de probados delincuentes o de pagos de comidas millonarias cobradas al erario por los ex ministros con autorización de los actuales, es de suponer, etc., etc.
Puede parecer exagerado que un presidente venga a solicitar la extradición de una compatriota. Aunque sea claro --quizá no para Sarkozy que a los mexicanos nos debe considerar estúpidos irredentos como nos consideran hoy ya casi en cualquier otro lugar del mundo-- que no habría venido a negociar la entrega de la francesa si no fuera la hija de un rico francés.
Pero a final de cuentas esa es la función de todo gobernante. Y en cambio al usurpador Calderón no lo veremos encabezando la defensa de Jacinta. Y esa es la diferencia entre un usurpador fascista como Calderón y un presidente legítimo aunque Sarkozy sea un frívolo y también de derecha. Perdida la ética la clase política mexicana está integrada por sinvergüenzas.
martes, 10 de marzo de 2009
Detrás de la Noticia, 10 de marzo de 2009.
Ricardo Rocha, Detrás de la Noticia, 10 de marzo de 2009.
Nunca una de mis columnas había suscitado tan intensas respuestas. Evitaré a propósito mencionar los correos electrónicos personales en cualquier sentido. No acostumbro ventilar mis asuntos en los medios que me otorgan espacio y confianza. Así que me ocupo de los textos que atienden al mensaje y no al mensajero.
En primer lugar, los menos, pero los más estruendosos. En ellos, no han faltado voces que apelan a una suerte de hartazgo patriótico y que ven a estas denuncias como un atentado a la nación. Lo mismo que dijeron alguna vez de Aguas Blancas y Acteal. No cambian.
Igual están quienes interpretan este artículo como un ataque deliberado al PAN. Como si fuera una revelación las actividades discriminatorias y represivas de gobernantes de ese partido. El que Querétaro tenga un gobierno panista como el del señor Garrido es un dato, nada más. El que ese gobernador no haya hecho nada en el caso de Jacinta también es un dato, nada más. No hay adjetivos; ni falta que hacen.
Otro argumento para invalidar el caso Jacinta es que en la misma columna no se haga mención a asuntos similares en gobiernos priístas y perredistas. Como si el mal de muchos no sólo fuera consuelo de ya saben quienes, sino también la impunidad justificada del montón. O lo que es lo mismo: los partidos secuestran nuestras indignaciones. O lo que también significa: los estados como cotos de caza donde el que ganó tiene todo el derecho a hacer lo que se le pegue la gana. Los hay.
Pero, la verdad, yo prefiero quedarme con los más. Aunque fueran menos. Porque hay en ellos, en ustedes, palabras luminosas para alumbrar estos asuntos oscuros sobre la injusticia. Frases profundamente conmovedoras que nos dicen otra vez que nuestra capacidad de asombro sigue viva a pesar de los pesares. Y de la crisis. Y de las crisis.
Que todavía podemos estremecernos de saber que no nos es ajeno el dolor humano. Aunque esté preso con una mujer que tal vez no veremos nunca.
Por eso comprometen sus expresiones multiplicadas de “Yo también soy Jacinta” que no se dirigen a mí, sino a una mujer que todavía cree que se hará justicia. Y que representa un caso paradigmático de un México racista y discriminatorio al que la democracia no ha rebasado todavía. Un país en cuyas cárceles hay aún miles de presos políticos y de conciencia. En el que centenares de mexicanos indígenas todavía no entienden por qué están prisioneros.
Debo decir también que he estado recogiendo testimonios diversos y estoy plenamente convencido de la inocencia de Jacinta. También hablé largo con ella. Luego les cuento.
Enseguida, Yo soy Jacinta el editorial al que se refiere Ricardo Rocha del 5 de marzo.
Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo hace tres años ya.
El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia quesque por hallar mercancía pirata. Fuenteovejunescamente, los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado.
Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia.
Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo?
Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las injusticias.
Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella.
PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora?
domingo, 8 de marzo de 2009
Secuestro equiparado, esa infamia
Proceso
La autoridad se ha parapetado tras la ley, a la que usa como escudo en defensa propia. Menudea en los códigos penales, con esa o denominación parecida, el delito de secuestro equiparado. Se le diseñó para castigar con fiereza a activistas, solicitantes, gente con derechos a salvo, en suma ciudadanos en movimiento que, colmada su paciencia al exigir servicios o medidas que la ley les provee, y al calor de las discusiones propias del desencuentro con funcionarios, los retienen por horas en sus propias oficinas o en locales donde se ventilaban asuntos de la competencia de los retenidos.
Esas retenciones, u otras como las que enseguida presentamos, que son de índole semejante, se hacen aparecer en la ley como privación ilegal de la libertad y se les fijan penas equiparables a las del secuestro. No las conductas sino las penas son las que pueden ser comparadas con las que se imponen a la captura de una persona para obtener dinero a cambio de su libertad. Como si ese fuera el ruin propósito de los ciudadanos en movimiento que retienen a funcionarios, se les asestan castigos semejantes o aun mayores que los del secuestro mercenario. Es que la ley, como expresión del autoritarismo que ve en las personas súbditos y no ciudadanos, busca inhibir cualquier intento de que en la base social se crea que los gobernados son iguales que los gobernantes, investidos éstos temporalmente de potestades necesarias para la convivencia.
En la aplicación de ese delito, aberrante por definición, se llega a extremos infames. Ese es el caso de la señora Jacinta Francisco Marcial, indígena queretana, ñahñú, condenada a 23 años de prisión después de tres de un agotador proceso en que la víctima no contó con traductor a su lengua, que en general es conocida como otomí. Según lo narró Ricardo Rocha en su artículo del jueves pasado en El Universal, el 26 de marzo de 2006 la señora Jacinta y otras mujeres en el poblado de Santiago Mexquititlán, Qro. fueron virtualmente asaltadas mientras vendían aguas frescas en el tianguis semanal. Agentes federales de investigación, que se distinguen de los antiguos y brutales policías judiciales federales (perjudiciales se les llamaba) en que son exactamente lo mismo, agredieron a las personas y causaron destrozos pretextando la lucha contra la piratería. La gente no se dejó, y redujo a cinco de los agentes agresores, que sin daño alguno y sin el menor problema fueron rescatados por un agente del Ministerio Público y un superior de los guardias abusivos. Tan claro fue que de eso se trataba, de un abuso, que el superior resolvió reparar los daños y al efecto dejó a uno de los agresores en Santiago Mexquititlán, en garantía de que su palabra se cumpliría. Cuando eso ocurrió, el agente de la AFI pudo retirarse.
Los federales deben haberse quedado con la espina de que su brutalidad fue corregida en lo que cabe y decidieron vengarse de la población. Aprovecharon que contaban con fotografías de los tironeos iniciales, y presentaron denuncia por su retención. La señora Jacinta fue detenida, sometida a proceso y ahora sentenciada a 21 años de prisión, la mitad del trayecto vital que hasta ahora ha recorrido. No obtuvo ningún beneficio de la breve retención de los policías, y sin embargo su conducta se equipara al secuestro. El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, y el propio Ricardo Rocha han hecho suya la indignación que despierta este maltrato extremo y se proponen obtener la libertad de la señora Francisco Marcial, que en el Día Internacional de la Mujer –hoy, 8 de marzo– ejemplifica las lacras contra las que es preciso luchar pues, como ha resumido el prestigiado periodista de la radio y la televisión, ella “sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre”.
Padecen penas aun mayores, igualmente por secuestro equiparado, 13 personas presas en dos penales en el Estado de México a partir de mayo de 2006. Tres de ellos: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo fueron detenidos en esa fecha por sucesos en que se les involucra, ocurridos meses atrás, en febrero y abril. En la gestión de servicios necesarios para sus comunidades en San Salvador Atenco retuvieron a funcionarios del gobierno mexiquense. Lejos de ser el procedimiento idóneo para solicitar la atención gubernamental, la desidia y el desdén de la gente del gobierno, que es impuntual, falta a las citas o en ellas pretende atropellar la dignidad de las personas, orilla a éstas a situaciones extremas que no pueden ser cohonestadas pero sí comprendidas. Los tres, detenidos el 3 de mayo en Texcoco, sin haber participado en los acontecimientos de esa fecha sino en relación con los ya mencionados, padecen varios procesos, resueltos en sentencias a 67 años y seis meses de prisión cada uno de ellos. Del Valle enfrentó un tercer juicio donde fue tratado con mayor severidad aún, pues se le impusieron 45 años más de reclusión. Los tres se encuentran, como si fueran secuestradores de verdad, y por ende individuos de alta peligrosidad, en el penal del Altiplano.
Diez personas más, detenidas al día siguiente que Del Valle, Álvarez y Galindo, viven su cautiverio en el penal de Molino de Flores. Indigna que ese reclusorio, donde se atenta contra los derechos humanos manteniendo a inocentes recluidos por largo tiempo, lleve el nombre de Alfonso Quiroz Cuarón, un humanista que hizo de la criminología una ciencia al servicio de la justicia. Allí están presos Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Escalante, los hermanos Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morales Reyes, Óscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano. Todos y cada uno de ellos están condenados a 31 años de cárcel, señalados por haber retenido a agentes policiacos que sin derecho se introdujeron a domicilios y espacios públicos en busca de gente a la cual golpear y trasladarla al penal de Santiaguito en la feroz jornada de aprehensiones y ataques del cuatro de mayo de 2006.
Presos ya durante casi tres años, sus vidas han sido destrozadas, pero pueden ser quebrantadas aun más si persiste la injusticia de hacerlos pagar penas notoriamente excedentes a las que ameritarían las conductas que se les imputan. Por eso está en curso una campaña a favor de su libertad, que la necesitan y la merecen. Esta campaña incluye el que cese la persecución ministerial contra América del Valle, Bernabé Ortiz Cruz y Adán Espinosa, técnicamente prófugos de la justicia, en realidad ciudadanos que como el resto de sus compañeros no han asesinado a nadie, a nadie robaron nada.
En cambio, ninguno de los más de 2 mil agentes y funcionarios que los reprimieron en aquellas funestas jornadas ha pisado la cárcel. l
jueves, 5 de marzo de 2009
Envía carta al magistrado apoyando a Jacinta
| Envía carta al magistrado apoyando a Jacinta |  |  |  |
| Written by Comunicación | |
| Thursday, 05 March 2009 | |
| Ustedes pueden colaborar en este caso enviando cartas al magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, con copia al Centro Prodh ( prodh@centroprodh.org.mx) solicitando que tome en cuenta los argumentos de la defensa que prueban la inocencia de Jacinta Francisco Marcial. Incluimos, como archivo adjunto, la carta modelo para que envíen su solicitud al magistrado. |
Yo soy Jacinta
Detrás de la Noticia
05 de marzo de 2009
Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo hace tres años ya.
El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia quesque por hallar mercancía pirata. Fuenteovejunescamente, los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado.
Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia.
Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo?
Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las injusticias.
Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella.
PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora?
jueves, 26 de febrero de 2009
Javier Solórzano: Entrevista con Luis Arriaga
ENTREVISTA CON: LUIS ARRIAGA
CARGO: DIRECTOR DEL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTIN PRO JUAREZ
ENTREVISTA CON: GUILLERMO FRANCISCO
ESPOSO DE JACINTA FRANCISCA MARCIAL
TEMA: JACINTA ES ACUSADA DE SECUESTRAR A 6 AGENTES DE LA A.F.I. (AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIONES) Y FUE SENTENCIADA EN EL AÑO 2006 A 21 AÑOS DE PRISIÓN, SIN QUE EXISTAN PRUEBAS EN SU CONTRA; JACINTA FRANCISCA SE ENCUENTRA PRESA EN EL PENAL DE SAN JOSÉ EL ALTO, EN QUERÉARO.
Jacinta, indígena en la cárcel acusada de secuestrar a seis “afis”
Jacinta, indígena en la cárcel acusada de secuestrar a seis “afis”
Por Sandra Torres Pastrana
México DF, 26 febrero 09
Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC)
“Lo único que quiero es estar con mi familia, mis hijas e hijos y mi esposo, estoy en el Centro de Readaptación Social (Cerezo) de San José del Alto, Querétaro, me trajeron con engaños y voy a cumplir tres años aquí. En diciembre me sentenciaron a 21 años por un delito que no cometí, quiero que me escuchen, no sé leer, ni escribir, pero poco a poco mis compañeras me han enseñado a hablar español y me han explicado porque estoy aquí”.
Es el llamado por justicia que vía telefónica Jacinta Francisco Marcial realizó desde el Centro de Readaptación Social de Querétaro, durante una conferencia realizada en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el miércoles pasado.
Jacinta es indígena otomí, acusada y sentenciada injustamente en Querétaro, del secuestro de seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), junto con Alberta Alcántara y Teresa González. Las únicas pruebas para sentenciar a Jacinta, son una fotografía publicada en un periódico local, donde ella aparece detrás de los agentes y las declaraciones de los seis “afis”, pero para los abogados del Centro Pro, estas pruebas son insuficientes y hay irregularidades.
EL “OPERATIVO”
Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2006 en el tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán, del municipio de Amelado, Querétaro. El comunicado de prensa distribuido en la conferencia, describe que seis agentes de la AFI, sin identificarse y sin portar uniforme, llegaron al tianguis y despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, alegando que se trataba de piratería.
El comunicado agrega que después de este incidente, las y los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder, éstos se negaron, lo cual aumentó la tensión y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar.
Ante el clima de inconformidad, el jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada y ofrecieron pagar en efectivo los daños causados por los elementos de la AFI, argumentando que debían trasladarse a San Juan del Río para conseguir el pago.
Por lo que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo como garantía de que regresarían, el cual, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física.
El incidente terminó cuando, el mismo día, aproximadamente a las siete de la tarde, todos los elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de acordar con los comerciantes la entrega de una cantidad por los daños causados.
Fue hasta el 3 de agosto de 2006, cinco meses después, que Jacinta fue llevada por engaños a la ciudad de Querétaro y presentada ante los medios de comunicación enterándose que la acusaban junto con dos mujeres más, de haber secuestrado a seis agentes de la AFI, durante los hechos ocurridos en marzo.
Durante la conferencia, Erika Juárez, nuera de Jacinta, denunció también que fue detenida y llevada con engaños estando recluida en el CeReSo junto con su suegra, cuando ella ni siquiera estuvo el día que se registraron los hechos en el tianguis, manifestó. “Yo no salgo en la foto del periódico y no entiendo cómo obtuvieron mi nombre, a mí me sacaron porque no había pruebas, pero tuvimos que pagar una fuerte cantidad de dinero, que aún estamos pagando”.
DISCRIMINATORIO SISTEMA DE JUSTICIA
Para el Centro Pro, quien acaba de tomar el caso de Jacinta, persiste en graves desigualdades del sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción de inocencia, los cuales tienen efectos de mayor intensidad en las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto: por ser indígenas, mujeres y pobres.
Al respecto, el Centro Pro puntualiza que en este caso salen a relucir deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, que generan desigualdad procesal.
Cabe resaltar que Jacinta efectivamente vendía en este tianguis y otros lugares como afuera de iglesias y escuelas, pero aguas frescas, nieves y paletas.
Durante la conferencia, su esposo, el señor Guillermo Prisciliano, dijo entre lágrimas que vive desde hace 30 años con Jacinta y aseguró “mi esposa es una señora muy trabajadora, una mujer que me ayudó a sacar adelante a mis hijos y hoy está en prisión, tengo una gran tristeza, un dolor grande porque no es justo que le den una sentencia de 21 años cuando es inocente”
El señor Guillermo pidió a las autoridades y medios de comunicación “ahora que tanto se habla de los pueblos indígenas, de la mujer indígena y de la justicia por parte del gobierno que no sólo nos utilicen y que ayuden a mi esposa que la tienen separada de su familia injustamente”
Por otro lado. su hija Estela Hernández en entrevista para Cimacnoticias, destacó que desde muy pequeños, su mamá siempre les inculcó valores como el respeto, la justicia y dignidad. “No teníamos para comer, pero ella salía a vender y nosotros le ayudábamos, cuando crecimos ella nos impulsó para que estudiáramos y trabajáramos”.
Hoy te puedo decir, puntualiza Estela, que todos mis hermanos estudiamos, yo soy maestra, tengo un hermano técnico y tiene su trabajo en una empresa, tengo una hermana que es enfermera y los otros dos tienen una beca y están estudiando y el más chico está en el bachillerato.
“Para nosotros como familia ha sido un proceso de sufrimiento, mi papá esta muy débil y lo que nos ha ayudado a nosotros como hijos es el trabajar y de alguna una u otra manera los compañeros, amigos y vecinos nos dicen échenle ganas, pero nos hemos enfrentado a mucha desesperación y angustia, ninguno de nosotros hemos podido dormir tranquilamente desde que se llevaron a mi mamá”.
Andrés Díaz del Centro Pro, uno de loa abogados de Jacinta, indicó que en la averiguación previa se dice en el reporte que rinden los “afis” el mismo día de los hechos que un grupo de gente los rodeó y que eso implicó una retención.
Después al día siguiente, sale en el diario una foto donde no reconocen a Jacinta como partícipe de los hechos, pero un mes después el 22 de abril de 2006, es cuando ya obtienen el nombre de la señora y le imputan acusaciones falsas como el querer linchar y quemar al agente Cervantes Peñuelas, al agente que se le habían ordenado se quedará en el pueblo mientras conseguían el dinero y pagarle a los tianguistas los daños causados por los agentes.
Para Díaz, no existen más señalamientos y formas que acrediten que Jacinta haya retenido por ella misma y amedrentado o violentado físicamente a algún agente federal de investigación.
Durante la conferencia estuvieron también el director del Centro Pro Luis Arriaga y el abogado Santiago Aguirre.
miércoles, 25 de febrero de 2009
Procuraduría General de la República
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Miercoles, 25 de Febrero de 2009  Boletín Estatal DPE/0882/09 | |
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AMPF OBTIENE SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE TRES PERSONAS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD | |
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El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación Estatal en Querétaro obtuvo del Juez Cuarto de Distrito en el estado la sentencia condenatoria de 21 años de prisión, así como dos mil días de salario mínimo de multa-que equivalen a la cantidad de 91 mil 620 pesos-, en contra de Jacinta Francisco Guillermo o Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara o Alberta Alcántara Juan, así como de Teresa González Cornelio, dentro de la causa penal 48/2006, por su responsabilidad penal en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, así como de los delitos de contra servidores públicos y contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína. | |
