viernes, 13 de marzo de 2009
La foto que la incrimina en el secuestro
Foto que incrimina a Jacinta Marcial en el secuestro de los seis agentes del AFI, de acuerdo a el Juez Cuarto de Distrito con sede en Queretaro, Roberto Estrada Longi.
Prueba suficiente para dictarle una condena de 21 años y una multa de $91,620 pesos
Jacinta, Alberta, Teresa: Miguel Ángel Granados Chapa
Jacinta, Alberta, Teresa: Miguel Ángel Granados Chapa
PLAZA PÚBLICA
Jacinta, Alberta, Teresa
Miguel Ángel Granados Chapa
13 Mar. 09
Por diversos motivos, la atención pública está puesta en el caso de Florence Cassez, una ciudadana francesa sentenciada en primera y segunda instancia por diversos delitos, secuestro entre ellos. Debido a su oriundez y el pedido de que cumpla tal condena en su patria, como lo permite la ley, en Francia su caso está tomando el carácter de ejemplo de una deplorable administración de justicia. Para infortunio de todos, es posible que en efecto la culpabilidad de la señora Cassez haya sido fraguada para efectos mediáticos y políticos. Al menos, es un hecho indubitable que su detención fue escenificada para que la televisión mostrara la eficacia de la Agencia Federal de Investigación, dirigida en diciembre de 2005, cuando se montó el suceso, por Genaro García Luna, ascendido no obstante ése y otros lamentables lances de la corporación a su cargo a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública.
Es deseable que el mismo interés dirigido al caso de la señora Cassez se concentre en la desgracia que viven tres mujeres queretanas, de habla ñahñú, presas injustamente desde hace dos años y medio, sujetas a procesos que pueden concluir en penas de prisión mayores de 20 años cada una. Son ellas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, cuya vida ha sido profundamente perturbada por lo que puede ser un abominable acto que busca mantener la vigencia del acto de autoridad, de respeto a agentes del gobierno a los que debe obedecerse y callar.
Se les acusa de haber retenido, privado de la libertad a seis miembros de la misma AFI que preparó artificiosamente la filmación de la captura de Cassez y sus cómplices. El señalamiento sería risible de no ser trágico. Difícilmente se puede imaginar a tres señoras de apariencia frágil a la cabeza de una acción colectiva en la que los habitualmente bruscos y prepotentes policías hayan quedado reducidos y mantenidos en calidad de rehenes como lo pretende la acusación y la sentencia de primera instancia, dictada ya en agravio de la señora Jacinta.
Ella y sus compañeras realizaban hace tres años, el 26 de marzo de 2006, su actividad habitual en el tianguis del poblado de Santiago Mexquititlán, perteneciente al municipio de Amealco, no lejos de San Juan del Río y de la propia capital queretana. Se ocupaban en su comercio normalmente -Jacinta vendiendo aguas frescas- cuando media docena de miembros de la AFI irrumpió en el tianguis, en busca de discos piratas. Se comportaron con tal insolencia, destruyendo lo que encontraban a su paso, que la gente en el mercado, vendedores y compradores reaccionaron indignados y sometieron a los depredadores. Un agente del Ministerio Público y un jefe de los policías se apersonaron en el lugar de los hechos y reconocieron los destrozos y estuvieron dispuestos a resarcirlos. Mientras lo hacían, un agente quedó por así decirlo en prenda de que se restituiría lo perdido, mismo que se marchó cuando en efecto se cubrió el monto de los daños y perjuicios provocados por la arbitraria acción policiaca, emprendida no digamos sin orden judicial sino ni siquiera previa identificación de los dizque agentes del orden.
El episodio parecía haber quedado zanjado. Pero al parecer los policías quedaron ofendidos por la contención de sus desmanes y su breve detención, y decidieron hacerlo pagar. En agosto siguiente, inopinadamente, las tres señoras mencionadas, a quienes se imputó haber encabezado la operación de resistencia fueron detenidas y llevadas a proceso.
El de Jacinta Francisco Marcial, desarrollado ante el juez federal Rodolfo Estrada Longi, terminó dos años después de su captura, con una aberrante sentencia a 21 años de prisión y el pago de una multa por más de 90 mil pesos, una fortuna inmensa para muchas personas, inimaginable en el caso de una señora que vende aguas frescas y a la que, para agravar su situación, le fueron sembradas varias dosis de cocaína, para simular que se dedicaba al tráfico de ese estupefaciente, como si en ese poblado la droga vendible fuera ese alcaloide, cuya cotización en el mercado es alta.
En diciembre pasado, tanto el Ministerio Público como la señora afectada apelaron la sentencia y el caso se ventila en el tribunal unitario del vigésimo segundo circuito judicial, donde de un momento a otro el magistrado Hanz Eduardo López Muñoz dictará la sentencia de segunda instancia. A la señora Jacinta y sus compañeras Alberta y Teresa las asesora en este momento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que ha conseguido que varias oficinas y representantes populares se interesen en el caso. Lo han hecho la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y diputados federales y locales. Anteayer viajaron desde San Lázaro los legisladores Carlos Alberto Navarro y María de los Ángeles Jiménez, del PAN, y Alliet Bautista, del PRD. Igualmente se ocupa del caso la diputada local perredista Carmen Consolación González Loyola. Se trata de que las acusadas sean puestas en libertad, ya sea mediante una mejor tipificación de las conductas que se les achacan, ya a través del desvanecimiento de pruebas, ficción jurídica que en el fondo reconoce que no hubo nunca tales probanzas contra las detenidas, que si bien no hablan sólo su lengua materna, no estuvieron en condición de comprender la naturaleza de los procesos en su contra porque carecieron de la asistencia legal especializada que ordena la Constitución.
Han de quedar en libertad. La merecen.
Cajón de Sastre
La formación y la experiencia del nuevo subsecretario de Gobierno de la Segob no parecen los antecedentes necesarios para quien ha de ejercer la política interior, es decir, tratar con los poderes Judicial y Legislativo y con los gobernadores, entre otras tareas. Licenciado en economía en el ITAM, posgraduado en administración pública en Harvard, dirigió la fundación Miguel Estrada Iturbide de los parlamentarios panistas antes de ingresar en el gobierno en el 2000, al lado del secretario de Economía Luis Ernesto Derbez, como responsable de la Unidad de Planeación, Comunicación y Enlace. El propio Derbez, al caminar a la Cancillería, lo hizo subsecretario para América del Norte, y su sucesora Patricia Espinosa lo trasladó a la subsecretaría de América Latina.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
jueves, 12 de marzo de 2009
miércoles, 11 de marzo de 2009
Jacinta, ¿plagiaria o víctima?
Jacinta, ¿plagiaria o víctima?
La indígena otomí de 42 años, condenada a 21 de prisión acusada de secuestrar a seis agentes armados de la PGR-AFI, relata su pesadilla
Ricardo Rocha
El Universal
Miércoles 11 de marzo de 2009
politica@eluniversal.com.mx
Para llegar a ella hay que rebasar la ciudad de Querétaro y luego tomar una carretera secundaria. Al poco rato se aparece la doble mole de los penales: de un lado del camino los hombres y del otro lado las mujeres. Luego recorre uno a pie una larga, solitaria y estrecha calle que busca al fondo la puerta negra de hierro. De un lado el altísimo muro de hormigón y del otro la alambrada coronada de púas.
Es una cárcel. Aunque los eufemismos le llamen Centro de Readaptación Social, es una prisión, eso lo recuerdan los trámites y registros de rigor y el predominio de las rejas y las puertas giratorias de pesado metal. Salvo los guardias hombres de la entrada voy contando una veintena de custodios mujeres que nos van conduciendo por los laberínticos pasillos interiores. Y no puedes evitarlo, a cada paso hacia adentro vas perdiendo más y más lo que se queda allá afuera. Es una cárcel.
Y ahí están sus habitantes: en el patio y al sol hay unas 10 de las 141 reclusas; una de ellas fortísima, de rostro decidido y mirada fulminante que impondría todavía mas temor de no ser porque vive y reina desde un trono insólito de una silla de ruedas: perdió ambas piernas… ni siquiera me atrevo a preguntar por su historia; sin embargo, me cuentan inevitablemente la de una muchacha muy bella con un niño en brazos a la que agarraron con su marido por venta de drogas. En cambio, al hablar de Jacinta, Martha Yáñez Carbajo, la directora del penal, como que se apena. Recuerda que desde que llegó supo que era inocente, que se trató desde el principio de una acusación infundada, de una historia más que increíble, inadmisible; a ver, quién se puede creer que una mujer indígena otomí —ahora de 46 años— haya secuestrado a seis agentes armados de la PGR-AFI; es no sólo un insulto a la justicia sino a la más elemental inteligencia. Pero nuestra opinión no cuenta —me dice— nosotros nada podemos hacer que no sea tratar de la mejor manera posible a Jacinta y a las otras internas.
En esas estábamos cuando no sé por qué la presiento, la advierto y me la encuentro en un pasillo. Me sorprende con un abrazo tímido pero sincero, como si nos conociéramos desde antes. Luego casi sin preguntarle, me va platicando su historia, igual en su celda que frente a la máquina en el taller de costura donde hace estuches de tela acolchonados. ¿Para qué son? Para las mujeres que guardan pintura. ¿Cómo se llaman? Si, de pinturas que mandan hacer ¿A usted no le gustan? ¿Yo? ¡No! ¡Yo nunca me he pintado! estalla en una carcajada. Luego vendrían los silencios y, apenas asomadas, las lágrimas.
La han condenado a 21 años de prisión, ¿qué significa para usted? Yo ni sé, como que no puedo, pues no puedo creer… no sé que es. ¿Qué han sido estos dos años y medio, casi tres años de prisión? No entiendo, no sé contestar eso, no sé cómo digo. Usted ya está hablando español ahora, pero hace tres años sólo hablaba ñhä-ñhú otomí. Casi siempre habla otomí, pero hay palabras que no entiende bien.
—A ver, ¿qué piensa cuando está aquí a solas?, ¿puede creer lo que le ocurrió, usted entiende por qué la metieron a la cárcel?
—Como que no puedo creer, no puedo creer que cómo qué fue, pos como que no es realidad, como que es este, como que nada más un sueño, como que estoy aquí nada más por un sueño… nada más, porque no puedo creer… ahora me dicen de que sentencia, de que delito, mis compañeras y mi maestra.
—¿Secuestró usted a seis agentes armados de la AFI, de la PGR?
—Pues ellos la que me dicen… ellos la que me están poniendo ese delito, porque yo nunca la hice eso… y ni lo sé que es secuestro ni lo que me estaba acusando… yo no entendí nada.
—¿Qué paso entonces aquel 26 de marzo de 2006?
—Ese pues fue un día domingos… yo en mi trabajo me dedicaba, yo vendía mis aguas frescas en el tiangui… y ese día pues ya cada ocho yo… este, como toca tres veces la campana y ya la última cuando entro yo adentro a la iglesia… entré a misa, cuando salí pues escuché decía la gente que habían llegado unos señores a llevar los discos… entonces yo ni le hice caso, agarré y me senté en mi puesto… entonces ya, otro ratito, estaba yo esperando a mi esposo y no llegaba, llegó una de mis hijas y le dije compáñame a la farmacia porque a mí me da pena que me inyecten… así le dije y me compañó una de mis hijas, cuando ya veníamos de regreso venía un señor, que venía ahí con unas personas… y es que la que escuché que estaban hablando de los discos. —¿Los discos pirata?
—Sí, sí, yo de eso estaba escuchando, pero yo ni… luego salí en el periódico.
—¿Luego se la llevaron a Querétaro unas semanas después?
—No, lo del tiangui fue en marzo, lo de que me fueron a traer fue hasta agosto… pero yo no sabía quién eran, no más que muchos con armas por todos lados.
—¿Le dijeron por qué la detenían?
—Que porque iba a declarar por un árbol tumbado… luego ya en el juzgado me dijo que no’más iba a declarar… y ahí pues estaban hablando y todo… y hacían papeles… y me daban muchos papeles a firmar y yo firmé muchos papeles y ni sabía qué era porque no entendía… luego, ya en la noche, me trajeron a la cárcel y así estoy aquí.
—¿Cómo han sido estos casi tres años?
—Se me hizo bien largo, bien largo… ya de por sí estos años son muchos, ya he perdido tiempo, mucho tiempo para mis hijos, para mi familia, para mi casa.
Santiago Mexquititlán es un pueblo sosegado donde el sol sale tarde y la noche se acuesta temprano. Apenas tres mil habitantes y seis barrios ñhä-ñhú a dos horas eternas de la cárcel de Querétaro. Ahí están la paletería y heladería de la familia que encabeza Guillermo Francisco y la casa común donde en torno al cuadrado de un patio limpio y terroso se ha ido acomodando la familia con hijos y nietos. Luego en la plaza y a la sombra de la cruz de la pequeña iglesia, familiares y testigos me juran y perjuran que todo ocurrió como me lo ha dicho ella: llegaron los seis muy armados y sin uniforme a destruir y a robar; se acobardaron cuando el pueblo empezó a rodearlos; pidieron ayuda; sus jefes se comprometieron a reparar el daño con dinero; dejaron a uno en garantía; regresaron y pagaron. Pero se desquitaron cinco meses después con Jacinta, con Teresa y con Alberta, con quienes también hablé en la cárcel.
Al salir de Santiago me traigo a México muchas voces adentro del pellejo. Pero me desgarra el llanto de Estela, la hija, cuando me enseña los estandartes de las procesiones religiosas a que convocaba Jacinta que siempre andaba visitando enfermos y moribundos. Y cuando me muestra el jardín reseco porque me asegura que las plantas extrañan a su madre. Así que prefiero quedarme con la esperanza de Jacinta cuando me dice que sí, que cree en que Dios y la gente la ayuden para recuperar su libertad.
—¿Me va a invitar algo ahora que salga?
—Claro que sí, unos nopales bien sabrosos y, si alcanza, hasta pollo.
Sin el glamour.........
Por Esto!
Miércoles, 11 Marzo 2009
Sin el glamour que algunos medios le han dado al caso de la francesa por estos días también circula el caso de Jacinta. Una mujer de 42 años, otomí, sentenciada a 21 años de cárcel por “haber secuestrado a seis agentes de la AFI”.
Leyeron bien. Se la acusa de haber “secuestrado”, en el mejor de los casos podría haberlos privado --junto con otros-- de su libertad, que no secuestrar, como ustedes fácilmente comprenderán.
Sin el glamour, claro, por ser otomí y francesa, sentenciada con una acusación, también montada, para castigarla por ser por ser pobre y no rica. Acusada por sus propios captores no de cara a los medios, de cara a llenar el número, para que, hasta crean, los ingenuos despistados si alguno queda, de que, de tanto en tanto, por muy ingenuo que se sea ya es difícil pensar que pueda creer alguien que en México se imparte Justicia, que se crea que algún delito se castiga. Aunque de manera clara sirva el caso para que a todos nos quede claro que la venganza también tiene permiso como las ejecuciones y los levantones y las desapariciones forzados de luchadores.
No creo en la vocación de justicia. Soy testigo de que a nombre de la justicia lo que se busca es venganza. Soy testigo de lo anterior de cuando en diversas Diócesis de varios Estados a indígenas y a no indígenas les enseñé a elaborar una denuncia penal y un amparo para su defensa. Convencida, que también estoy, de que el conocimiento da poder y de que en la medida que el conocimiento se generalice se acaba con el poder que unos cuantos ejercen como dueños. Y porque también lo estoy de que todos tenemos que ser capaces de apoderarnos del conocimiento que nos permita dejar de ser objetos para convertirnos en sujetos constructores de nuestra propia historia.
No me arrepiento de haber enseñado, lo que yo, más suertuda, aprendí en una universidad. Y debo reconocer que esos fueron los diez años más felices de mi vida. Pero costaba, vaya que sí costaba, a pesar de que lo mejor de la Iglesia Católica era la anfitriona propiciadora para que incluso indígenas monolingües se apropiaran del conocimiento necesario para su defensa, costaba que se entendiera que buscar justicia no es lo mismo que cobrar venganza. Más tarde en la Procuraduría del D. F y también en la General de la República fui testigo también de que a los familiares de las víctimas no les importa que pague un inocente por el crimen con tal de que alguien pague.
Y por eso, sumado al montaje televisivo, que por sí sólo en cualquier Estado de Derecho invalidaría la acusación, me queda un rescoldo de duda con relación a la culpabilidad real de la francesa. A pesar de que parece estar muy segura la víctima que la incrimina de que es ella la secuestradora que incluso le sacaba sangre a su hijo.
El PRODH ha iniciado una campaña titulada: “Yo soy Jacinta” invitando a todos a enviar cartas al magistrado ponente, que revisa la apelación, en aras de que se revoque la inmoral sentencia. En ese caso sí no tengo ni la menor duda de la inocencia de Jacinta. La acusación misma es de una brutalidad que espanta y la sentencia acorde con el Poder Judicial encabezado por ministros de la calaña que se exhibe con cada nota sobre sus aumentos, cuando no lo son sobre la exoneración de probados delincuentes o de pagos de comidas millonarias cobradas al erario por los ex ministros con autorización de los actuales, es de suponer, etc., etc.
Puede parecer exagerado que un presidente venga a solicitar la extradición de una compatriota. Aunque sea claro --quizá no para Sarkozy que a los mexicanos nos debe considerar estúpidos irredentos como nos consideran hoy ya casi en cualquier otro lugar del mundo-- que no habría venido a negociar la entrega de la francesa si no fuera la hija de un rico francés.
Pero a final de cuentas esa es la función de todo gobernante. Y en cambio al usurpador Calderón no lo veremos encabezando la defensa de Jacinta. Y esa es la diferencia entre un usurpador fascista como Calderón y un presidente legítimo aunque Sarkozy sea un frívolo y también de derecha. Perdida la ética la clase política mexicana está integrada por sinvergüenzas.
martes, 10 de marzo de 2009
Detrás de la Noticia, 10 de marzo de 2009.
Ricardo Rocha, Detrás de la Noticia, 10 de marzo de 2009.
Nunca una de mis columnas había suscitado tan intensas respuestas. Evitaré a propósito mencionar los correos electrónicos personales en cualquier sentido. No acostumbro ventilar mis asuntos en los medios que me otorgan espacio y confianza. Así que me ocupo de los textos que atienden al mensaje y no al mensajero.
En primer lugar, los menos, pero los más estruendosos. En ellos, no han faltado voces que apelan a una suerte de hartazgo patriótico y que ven a estas denuncias como un atentado a la nación. Lo mismo que dijeron alguna vez de Aguas Blancas y Acteal. No cambian.
Igual están quienes interpretan este artículo como un ataque deliberado al PAN. Como si fuera una revelación las actividades discriminatorias y represivas de gobernantes de ese partido. El que Querétaro tenga un gobierno panista como el del señor Garrido es un dato, nada más. El que ese gobernador no haya hecho nada en el caso de Jacinta también es un dato, nada más. No hay adjetivos; ni falta que hacen.
Otro argumento para invalidar el caso Jacinta es que en la misma columna no se haga mención a asuntos similares en gobiernos priístas y perredistas. Como si el mal de muchos no sólo fuera consuelo de ya saben quienes, sino también la impunidad justificada del montón. O lo que es lo mismo: los partidos secuestran nuestras indignaciones. O lo que también significa: los estados como cotos de caza donde el que ganó tiene todo el derecho a hacer lo que se le pegue la gana. Los hay.
Pero, la verdad, yo prefiero quedarme con los más. Aunque fueran menos. Porque hay en ellos, en ustedes, palabras luminosas para alumbrar estos asuntos oscuros sobre la injusticia. Frases profundamente conmovedoras que nos dicen otra vez que nuestra capacidad de asombro sigue viva a pesar de los pesares. Y de la crisis. Y de las crisis.
Que todavía podemos estremecernos de saber que no nos es ajeno el dolor humano. Aunque esté preso con una mujer que tal vez no veremos nunca.
Por eso comprometen sus expresiones multiplicadas de “Yo también soy Jacinta” que no se dirigen a mí, sino a una mujer que todavía cree que se hará justicia. Y que representa un caso paradigmático de un México racista y discriminatorio al que la democracia no ha rebasado todavía. Un país en cuyas cárceles hay aún miles de presos políticos y de conciencia. En el que centenares de mexicanos indígenas todavía no entienden por qué están prisioneros.
Debo decir también que he estado recogiendo testimonios diversos y estoy plenamente convencido de la inocencia de Jacinta. También hablé largo con ella. Luego les cuento.
Enseguida, Yo soy Jacinta el editorial al que se refiere Ricardo Rocha del 5 de marzo.
Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo hace tres años ya.
El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia quesque por hallar mercancía pirata. Fuenteovejunescamente, los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado.
Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia.
Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo?
Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las injusticias.
Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella.
PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora?
domingo, 8 de marzo de 2009
Secuestro equiparado, esa infamia
Proceso
La autoridad se ha parapetado tras la ley, a la que usa como escudo en defensa propia. Menudea en los códigos penales, con esa o denominación parecida, el delito de secuestro equiparado. Se le diseñó para castigar con fiereza a activistas, solicitantes, gente con derechos a salvo, en suma ciudadanos en movimiento que, colmada su paciencia al exigir servicios o medidas que la ley les provee, y al calor de las discusiones propias del desencuentro con funcionarios, los retienen por horas en sus propias oficinas o en locales donde se ventilaban asuntos de la competencia de los retenidos.
Esas retenciones, u otras como las que enseguida presentamos, que son de índole semejante, se hacen aparecer en la ley como privación ilegal de la libertad y se les fijan penas equiparables a las del secuestro. No las conductas sino las penas son las que pueden ser comparadas con las que se imponen a la captura de una persona para obtener dinero a cambio de su libertad. Como si ese fuera el ruin propósito de los ciudadanos en movimiento que retienen a funcionarios, se les asestan castigos semejantes o aun mayores que los del secuestro mercenario. Es que la ley, como expresión del autoritarismo que ve en las personas súbditos y no ciudadanos, busca inhibir cualquier intento de que en la base social se crea que los gobernados son iguales que los gobernantes, investidos éstos temporalmente de potestades necesarias para la convivencia.
En la aplicación de ese delito, aberrante por definición, se llega a extremos infames. Ese es el caso de la señora Jacinta Francisco Marcial, indígena queretana, ñahñú, condenada a 23 años de prisión después de tres de un agotador proceso en que la víctima no contó con traductor a su lengua, que en general es conocida como otomí. Según lo narró Ricardo Rocha en su artículo del jueves pasado en El Universal, el 26 de marzo de 2006 la señora Jacinta y otras mujeres en el poblado de Santiago Mexquititlán, Qro. fueron virtualmente asaltadas mientras vendían aguas frescas en el tianguis semanal. Agentes federales de investigación, que se distinguen de los antiguos y brutales policías judiciales federales (perjudiciales se les llamaba) en que son exactamente lo mismo, agredieron a las personas y causaron destrozos pretextando la lucha contra la piratería. La gente no se dejó, y redujo a cinco de los agentes agresores, que sin daño alguno y sin el menor problema fueron rescatados por un agente del Ministerio Público y un superior de los guardias abusivos. Tan claro fue que de eso se trataba, de un abuso, que el superior resolvió reparar los daños y al efecto dejó a uno de los agresores en Santiago Mexquititlán, en garantía de que su palabra se cumpliría. Cuando eso ocurrió, el agente de la AFI pudo retirarse.
Los federales deben haberse quedado con la espina de que su brutalidad fue corregida en lo que cabe y decidieron vengarse de la población. Aprovecharon que contaban con fotografías de los tironeos iniciales, y presentaron denuncia por su retención. La señora Jacinta fue detenida, sometida a proceso y ahora sentenciada a 21 años de prisión, la mitad del trayecto vital que hasta ahora ha recorrido. No obtuvo ningún beneficio de la breve retención de los policías, y sin embargo su conducta se equipara al secuestro. El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, y el propio Ricardo Rocha han hecho suya la indignación que despierta este maltrato extremo y se proponen obtener la libertad de la señora Francisco Marcial, que en el Día Internacional de la Mujer –hoy, 8 de marzo– ejemplifica las lacras contra las que es preciso luchar pues, como ha resumido el prestigiado periodista de la radio y la televisión, ella “sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre”.
Padecen penas aun mayores, igualmente por secuestro equiparado, 13 personas presas en dos penales en el Estado de México a partir de mayo de 2006. Tres de ellos: Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo fueron detenidos en esa fecha por sucesos en que se les involucra, ocurridos meses atrás, en febrero y abril. En la gestión de servicios necesarios para sus comunidades en San Salvador Atenco retuvieron a funcionarios del gobierno mexiquense. Lejos de ser el procedimiento idóneo para solicitar la atención gubernamental, la desidia y el desdén de la gente del gobierno, que es impuntual, falta a las citas o en ellas pretende atropellar la dignidad de las personas, orilla a éstas a situaciones extremas que no pueden ser cohonestadas pero sí comprendidas. Los tres, detenidos el 3 de mayo en Texcoco, sin haber participado en los acontecimientos de esa fecha sino en relación con los ya mencionados, padecen varios procesos, resueltos en sentencias a 67 años y seis meses de prisión cada uno de ellos. Del Valle enfrentó un tercer juicio donde fue tratado con mayor severidad aún, pues se le impusieron 45 años más de reclusión. Los tres se encuentran, como si fueran secuestradores de verdad, y por ende individuos de alta peligrosidad, en el penal del Altiplano.
Diez personas más, detenidas al día siguiente que Del Valle, Álvarez y Galindo, viven su cautiverio en el penal de Molino de Flores. Indigna que ese reclusorio, donde se atenta contra los derechos humanos manteniendo a inocentes recluidos por largo tiempo, lleve el nombre de Alfonso Quiroz Cuarón, un humanista que hizo de la criminología una ciencia al servicio de la justicia. Allí están presos Pedro Reyes Flores, Alejandro Pilón Escalante, los hermanos Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinosa Ramos, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Édgar Eduardo Morales Reyes, Óscar Hernández Pacheco y Narciso Arellano. Todos y cada uno de ellos están condenados a 31 años de cárcel, señalados por haber retenido a agentes policiacos que sin derecho se introdujeron a domicilios y espacios públicos en busca de gente a la cual golpear y trasladarla al penal de Santiaguito en la feroz jornada de aprehensiones y ataques del cuatro de mayo de 2006.
Presos ya durante casi tres años, sus vidas han sido destrozadas, pero pueden ser quebrantadas aun más si persiste la injusticia de hacerlos pagar penas notoriamente excedentes a las que ameritarían las conductas que se les imputan. Por eso está en curso una campaña a favor de su libertad, que la necesitan y la merecen. Esta campaña incluye el que cese la persecución ministerial contra América del Valle, Bernabé Ortiz Cruz y Adán Espinosa, técnicamente prófugos de la justicia, en realidad ciudadanos que como el resto de sus compañeros no han asesinado a nadie, a nadie robaron nada.
En cambio, ninguno de los más de 2 mil agentes y funcionarios que los reprimieron en aquellas funestas jornadas ha pisado la cárcel. l
jueves, 5 de marzo de 2009
Envía carta al magistrado apoyando a Jacinta
Envía carta al magistrado apoyando a Jacinta |
Written by Comunicación | |
Thursday, 05 March 2009 | |
Ustedes pueden colaborar en este caso enviando cartas al magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, con copia al Centro Prodh ( prodh@centroprodh.org.mxThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it ) solicitando que tome en cuenta los argumentos de la defensa que prueban la inocencia de Jacinta Francisco Marcial. Incluimos, como archivo adjunto, la carta modelo para que envíen su solicitud al magistrado. |
Yo soy Jacinta
Detrás de la Noticia
05 de marzo de 2009
Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo hace tres años ya.
El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia quesque por hallar mercancía pirata. Fuenteovejunescamente, los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado.
Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia.
Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo?
Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las injusticias.
Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella.
PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora?