martes, 24 de febrero de 2009

El caso de Jacinta Francisco Marcial

Recibido de Blanca Haidé Cruz, México, D.F., 24 de febrero.- Boletín de prensa.

Persisten graves deficiencias del sistema de justicia: El caso de Jacinta Francisco Marcial, acusada injustamente de secuestro. Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena otomí fue acusada y sentenciada injustamente en Querétaro, acusada del secuestro de seis agentes de la AFI.

En su caso persisten graves desigualdades del sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción de inocencia. El Centro Prodh demanda una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos que restituya a doña Jacinta su libertad y reconozca su inocencia. El 19 de diciembre de 2008 fue sentenciada injustamente en la ciudad de Querétaro la mujer indígena otomí Jacinta Francisco Marcial.

Se le acusa, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006 en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro. Las pruebas empleadas para acusarla son insuficientes. Por lo contrario, su inocencia se encuentra plenamente probada y sustentada.

»»Hechos.- El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la AFI, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán. Despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, alegando que se trataba de “piratería”. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder; estos se negaron.

La tensión aumentó y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar. El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, que acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada ofrecieron pagar en efectivo los daños ocasionados por los elementos de la AFI.

Para esto argumentaron que debían trasladarse a la ciudad de San Juan del Río para conseguir el pago, por lo que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo, como “garantía” de que regresarían. Éste, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física.

El incidente terminó cuando, el mismo día alrededor de las siete de la tarde, todos los elementos de la PGR que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de haber acordado con los comerciantes la entrega de una cantidad correspondiente a los daños causados. Fue hasta el 3 de agosto de 2006, cuando la señora Jacinta Francisco Marcial fue llevada, con engaños, a la ciudad de Querétaro.

Allí, al ser presentada ante los medios de comunicación, se enteró de que la acusaban, con otras dos mujeres, de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los hechos ocurridos en marzo del mismo año. A la fecha, dentro del proceso se le condenó a 21 años de prisión y dos mil días de multa. Tras un minucioso proceso de documentación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) asume su defensa integral.

»»Postura del Centro Prodh.- El caso de Jacinta Francisco Marcial muestra una vez más las deficiencias del sistema de justicia, las cuales tienen efectos que son sufridos con mayor intensidad por las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto: por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres.

Doña Jacinta ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos debido a que los órganos encargados de impartir justicia han vulnerado sus garantías procesales. Jacinta Francisco Marcial nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia.

En su caso, salen a relucir también las deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, que generan desigualdad procesal. Su caso pone también de relieve la aplicación de tipos penales como el secuestro para procesar a quienes tienen alguna participación en manifestaciones en la vía pública.

La señora Jacinta no participó en las acciones de los comerciantes, sin embargo es claro que la respuesta punitiva del Estado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes de la AFI, como ha sucedido en casos similares de protesta.

En el actual contexto de temor e inseguridad, dominado por las voces que exigen endurecer las sanciones para disminuir la delincuencia, el caso de doña Jacinta muestra la proclividad del sistema de justicia a imputar a personas inocentes, cuya situación es agravada por su condición étnica o de género, delitos que despiertan el mayor repudio social.

Frente a la vulneración de los derechos humanos de Jacinta Francisco Marcial, el Centro Prodh considera que el magistrado que resolverá sobre la apelación presentada el 22 de diciembre de 2008 tiene en sus manos la posibilidad de revertir las irregularidades existentes en el proceso y ordenar la inmediata excarcelación de Jacinta Francisco Marcial.

En este sentido, demandamos una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos que restituya a doña Jacinta su libertad y reconozca su inocencia•

lunes, 12 de marzo de 2007

Con un nudo en la garganta

Con un nudo en la garganta

  • La señora Jacinta Francisco Marcial, de 43 años de edad, fue detenida y acusada injustamente de haber secuestrado a unos agentes federales.
  • Su hija, Estela Hernández Jiménez, hizo la denuncia frente a Margarita Zavala de Calderón y Marcela Torres de Garrido, en el Día de la Mujer.

Eric Pacheco Beltrán
12 Marzo 2007
Libertad de Palabra

A pesar de su honda tristeza, ella cumplió con su parte.

Tradujo a sus hermanos indígenas cada palabra pronunciada por Margarita Zavala y por Marcela Torres, esposas de Felipe Calderón y de Francisco Garrido Patrón, respectivamente, quienes encabezaron el festejo del Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo.

“El día de hoy estamos de fiesta con esta primera Feria de la Mujer, aquí en Santiago Mexquititlan. Y digo que estamos de fiesta porque hoy celebramos nuestro día, el día de la mujer”, dijo la esposa del gobernador de Querétaro.

La profesora Estela Hernández Jiménez continuaba traduciendo los discursos, aunque para ella no hay casi nada qué festejar en el Día de la Mujer. Y es que su madre, de 43 años de edad, se encuentra presa en el penal de San José el Alto, desde agosto del 2006, acusada de secuestrar a unos agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).

Así lo denunció durante la “Primera Feria de la Mujer Indígena”, durante la cual hizo público su temor por la seguridad de ella y de su familia.

A continuación transcribimos sus palabras, con las que les “aguadó” la fiesta a las “primeras damas”.

El Otro México.

“Estoy aquí y, sin embargo, hablo de la mujer. Quiero darle de su conocimiento y quizá a toda la gente de aquí.

Aquí hace falta una mujer, una mujer que quizá toda la gente sabe que es inocente. Hablo de mi madre. Quiero manifestar esto porque, hace tiempo traigo un nudo en la garganta y no se me va a quitar hasta que mi madre esté afuera y se demuestre su inocencia. Discúlpenme si no es el momento.

“Quiero hacerle entrega de una solicitud para que se intervenga en el asunto de mi mamá, porque toda la gente que está aquí sabe que mi madre es inocente y toda la gente no me dejará mentir. Le doy esta solicitud, dirigida precisamente para el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, y a usted como mujer, (para) que hagan caso de este asunto. El oficio dice así:

“La que suscribe, C. profesora de educación indígena Estela Hernández Jiménez, a través de este conducto, me dirijo de la manera más atenta a fin de solicitar (su) intervención para que se investigue, se aclare y se deje en libertad a la señora Jacinta Francisco Marcial, ya que desde el pasado 3 de agosto del año 2006 se la llevaron detenida por presunta responsable de privar la libertad de agentes federales de investigación, en su modalidad de secuestro. Actualmente (está) detenida en el Cereso femenil de San José el Alto, Querétaro, proceso indigno del que tengo total desilusión, y yo creo que cada una de las mujeres que sabemos la injusticia que se está haciendo.

Aquí no conocemos a los delincuentes de alta peligrosidad; sin embargo, a los que tememos hoy mis padres, mis hermanos, yo y la gente del pueblo que sabe que mi madre es inocente, es a los agentes que vinieron a quitarnos la seguridad, la tranquilidad, el sueño y la ilusión de vivir en un país en donde se dice que hay justicia y democracia.

Resumiendo el problema suscitado, según versiones del pueblo y fuentes del periódico Noticias del pasado 26 del marzo, en el cual involucraron y se llevaron a mi madre detenida, es que agentes federales de investigación (AFIs) llegaron al tianguis del poblado de Santiago Mexquititlan a decomisar discos piratas. Hubo riña entre la gente que vendía discos y los agentes federales de investigación.

“Los agentes pagaron la mercancía destruida de discos, porque, según, habían actuado mal. Los agentes federales dicen que fueron secuestrados. La señora Jacinta Francisco Marcial no intervino en los hechos.

Es una indígena que no sabe leer ni escribir, no habla el español y está enfrentando un proceso injustamente. A ella sí le han privado su libertad. La gente que recibió dinero y que vendía discos, sabe cómo se suscitó todo este problema. Sin embargo no ha querido acercarse a aclarar la verdad de los hechos porque saben que está detenida una persona inocente, que no intervino en los hechos ocurridos, debido a que no se dedica a la venta de tales productos.

“En relación con lo mismo, el día 6 de enero llega una notificación para presentarse a declarar a la señora Erika Juárez Baldes, mi cuñada, y al señor Guillermo Francisco Prisciliano, mi padre, a las oficinas del Ministerio Público federal de San Juan del Río, Querétaro. Cabe señalar que estas personas no intervinieron tampoco en los hechos ocurridos, debido a que no se dedican a vender discos piratas.

Por tal motivo necesitamos que se haga de su conocimiento (el hecho), solicitando su intervención necesaria para que a través de su conducto o de las autoridades correspondientes, se haga la investigación a profundidad y se castigue a las personas culpables, si hubiese algún delito de tal situación.

“Solicito lo anterior porque temo la seguridad de mis familiares, ya que al igual que la persona que está detenida, no intervinieron en los hechos, y si a mi madre se la llevaron sin deber algo, (no quiero que) puedan llevarse a alguien más de nosotros. Nos queda a toda la gente que conocemos a mi madre la conciencia limpia y tranquila de que no somos unos delincuentes, y que hasta el día de hoy nuestro único error es ser indígenas, ignorantes, y no saber qué hacer ante tal situación.

“Con la esperanza de que escuche nuestra voz, para vivir una verdad sin miedo y con respeto a las autoridades por su trabajo, espero contar con su valiosa intervención para que se aclaren los hechos ocurridos y que no se involucre ni castigue a personas inocentes. Muchas Gracias”.

La profesora Estela añadió que su mamá fue detenida con engaños, y sin que mediara una orden de aprehensión.


La esposa de Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala Gómez del Campo, inauguró la primera Feria de la Mujer Indígena, que se llevó a cabo en el municipio de Amealco Querétaro, dónde acudieron alrededor de 500 mujeres indígenas y a quienes les reconoció su capacidad.Zavala Gómez inauguró dicha feria que tiene como objetivo presentar a la población femenina los programas y servicios que tienen las Dependencias Gubernamentales y las Organizaciones Civiles en su beneficio, con la finalidad de que los conozcan y hagan uso de ellos

viernes, 9 de marzo de 2007

Otomí denuncia ante Zavala detención injusta de su

Otomí denuncia ante Zavala detención injusta de su madre
Mariana Chávez
La Jornada
Viernes 9 de marzo de 2007


Santiago Mexquititlán, Qro., 8 de marzo.
Estela Hernández Jiménez denunció ante Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, que su madre Jacinta Francisco Marcial, de origen otomí, fue acusada "injustamente" de secuestrar a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), por lo que solicitó su intervención para aclarar el caso. Estela fue traductora del español al otomí, en el contexto de la primera Feria de la mujer indígena, que se efectúo hoy en esta demarcación municipal de mayoritaria población étnica. Antes de que se retiraran las autoridades federales, estatales y municipales, intervino fuera de programa para solicitar el apoyo de Calderón Hinojosa en su problema. "Discúlpenme si no es el momento; quiero hacerle entrega de una solicitud para que se intervenga en el asunto de mi mamá, porque toda la gente que está aquí sabe que es inocente", dijo Hernández Jiménez, quien es maestra de educación indígena en esta localidad.
Relató que el 26 de marzo de 2006, elementos de la AFI arribaron al tianguis de la población como parte de un operativo para decomisar discos pirata, y ante la resistencia de los vendedores de esos productos hubo una riña entre policías y comerciantes, en la cual se implicó a Jacinta Francisco, de 43 años, quien no sabe leer ni escribir y no habla español. Los agentes federales acusaron de secuestro a quienes, según los mismos uniformados, los agredieron y retuvieron durante el operativo. Esto propició que Jacinta Francisco Marcial fuera detenida el 3 de agosto de 2006 y procesada en el Centro de Readaptación Social femenil, que se ubica en la comunidad San José el Alto.

Lamentablemente Estela Hernandez no es tan famosa como Carla Bruni, por lo que ha Margarita poco le importaron sus quejas.

sábado, 5 de agosto de 2006

PGR APREHENDE A TRES PRESUNTAS SECUESTRADORAS

Santiago de Querétaro, Qro., a 5 de agosto de 2006.
Boletín No. DPE/3593/06

En el municipio de Amealco de Bonfil
PGR APREHENDE A TRES PRESUNTAS SECUESTRADORAS


Teresa González Cornelio, Jacinta Francisco Guillermo y/o Francisca Marcial Guillermo y Alberta Alcántara Juan, alías “La Güera”, fueron aprehendidas en el municipio de Amealco de Bonfil por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta responsabilidad en el secuestro de tres agentes federales de investigación.

El cumplimiento a dicha orden girada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, se deriva de los hechos ocurridos en marzo de 2006, cuando en el poblado de Santiago Mexquititlán, agentes de la PGR adscritos a la subsede en San Juan del Río fueron privados de su libertad por parte de tianguistas y comerciantes del lugar cuando se encontraban realizando operativos anti “piratería” y contra el narcomenudeo.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el agente del Ministerio Público de la Federación, los locatarios fueron incitados por las tres inculpadas para cometer dichos actos de delito y evitar de esta forma el cumplimiento de la ley por parte de los efectivos federales.

Por lo anterior Alcántara Juan, González Cornelio y Francisco Guillermo y/o Marcial Guillermo, fueron aprehendidas en el municipio de Amealco de Bonfil y posteriormente trasladadas a la ciudad de Querétaro para ser recluidas en el Centro Femenil de Readaptación Social de San José el Alto.

La PGR agradece el apoyo de los elementos de la Policía Investigadora Ministerial, Policía Estatal y Policía Municipal de San Juan del Río por el apoyo brindado en dicha acción.

domingo, 4 de noviembre de 2001

La abogada de los pobres

La Jornada, Domingo 4 de Noviembre de 2001


Su trabajo profesional, ejemplo de compromiso ético y social
La abogada de los pobres

Digna Ochoa tenía una fuerte vocación social y un sentido ético poco comunes entre abogados. Fue pionera al incluir la defensa jurídica de las víctimas como parte del trabajo de las ONG. Su carácter firme y su convicción de poner el derecho al servicio de la gente la llevaron a involucrarse en los casos de violaciones a derechos humanos más relevantes en la última década. Esto la enfrentó a sectores que se sabían impunes

Jesús RAMIREZ CUEVAS

Abordar la trayectoria profesional de Digna Ochoa y Plácido, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, es hacer un recuento de los casos más graves de violaciones a derechos humanos cometidas en México en la última década. Es referirse a las batallas contra la impunidad que han librado organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Sin duda, su biografía y la historia nacional reciente se mezclan de alguna manera.

En su actividad como abogada, Digna enfrentó siempre ese mundo que alimenta la injusticia: gobernantes autoritarios, agentes del Ministerio Público corruptos, jueces enriquecidos inexplicablemente, policías prepotentes, empresarios voraces, abogados ricos y una larga lista que incluye a militares involucrados en delitos que nunca son juzgados, luchadores sociales presos, activistas amenazados, guerrilleros y sobre todo grandes sectores desamparados para quienes la justicia es patrimonio sólo de quienes tienen dinero o la protección del poder.

En los argumentos que Digna utilizó en juzgados y agencias del Ministerio Público para defender a las víctimas de abusos podemos encontrar las razones que alimentan las mejores causas del pueblo mexicano.

Abogada comprometida, Digna Ochoa era ejemplar, dice Rafael Alvarez, quien compartió con ella muchos casos que defendió como parte del área jurídica del Pro. "A Digna la mataron por su trabajo profesional, por empeñarse en defender a mucha gente que no tenía acceso a la justicia por carecer de dinero o por haber afectado intereses de gente poderosa", explica.

"Su asesinato ?dice? es el último acto de una campaña de intimidación en su contra, situación que comparte con muchos activistas que han hecho de la defensa de los derechos humanos su vida. El hecho de que continúen las amenazas es muy grave, ya que hablan de un clima de intimidación general".

Rafael fue primer visitador del Centro Miguel Agustín Pro durante seis años, desde 1994. Ahí conoció a Digna.

Entre 1989 y 1990 el Pro era una asociación civil que trabajaba en la educación y promoción de los derechos humanos. A partir de 1991, Digna Ochoa junto con Víctor Brenes "comenzó a trabajar en el área jurídica para defender a las víctimas. Esa fue una de sus aportaciones al trabajo de las organizaciones no gubernamentales. No bastaba con denunciar las arbitrariedades, había que apoyar a la gente que no podía contratar un abogado. Su concepto era poner el derecho al servicio de la comunidad y de la gente".

"Cuando teníamos un caso difícil -cuenta Alvarez- nos reuníamos y decíamos: 'este es un caso para Digna'. Ella tenía un conocimiento muy sólido de la ley, pero también el carácter y la firmeza necesarios para enfrentar situaciones complicadas. Ella era muy persistente y cumplía rigurosamente todo el procedimiento, y hasta más".

Símbolo de la lucha contra la injusticia

Digna Ochoa tenía "sensibilidad social y ética", explica Rafael Alvarez. Ella es "emblema" de un tipo de abogados comprometidos que ponen el derecho al servicio de la gente.

"Ella hacía un trabajo muy escrupuloso en casos muy difíciles. Por eso era muy conocida en otros lugares del mundo, no sólo por las amenazas de muerte sino por algunos éxitos que había tenido desde el punto de vista profesional como abogada", relata Rafael. Digna, además, era la encargada de darle seguimiento a los casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Los casos que Digna asumía eran generalmente de personas muy pobres, de indígenas que de otra manera no tendrían ninguna posibilidad de defensa, muchos de ellos acusados de delitos muy graves, casos que no aceptan los despachos porque generalmente afectan intereses de grupos de poder", dice Rafael Alvarez, actual coordinador de asesores de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Digna Ochoa estuvo de alguna manera involucrada en la investigación y defensa de las víctimas de la mayor parte de los casos de violaciones graves de derechos humanos ocurridos en México durante los noventa.

Uno de los primeros casos que llevó Digna Ochoa fue la defensa de las víctimas de la explosión de la fábrica Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), ocurrida el 3 de mayo de 1991. Esta empresa producía agroquímicos en Córdoba, Veracruz. Estaba ubicada en una zona habitacional y el accidente provocó una catástrofe ambiental de dimensiones monstruosas que afectó a miles de personas. Digna enfrentó la cerrazón y la corrupción de jueces y autoridades. Una constante que encararía una y otra vez en su vida profesional.

En enero de 1994 el Ejército Mexicano detuvo a tres indígenas del ejido Morelia, quienes aparecieron ejecutados días después. El Centro Pro y Digna ayudaron a integrar el expediente, mismo que llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Procuraduría General de Justicia Militar, encabezada por Rafael Macedo de la Concha, se negó a investigar y castigar a los responsables.

Meses después atendió, por parte del Centro Pro, el caso de las mujeres tzeltales violadas por miembros del Ejército en Altamirano, Chiapas (junio de 1994). Este caso fue admitido por la CIDH gracias al trabajo de Digna, ya que el procurador militar Macedo de la Concha archivó el expediente y nunca investigó a los responsables.

Otro caso relevante en el que participó fue la defensa de los presuntos zapatistas detenidos en 1995, sobre todo los de Cacalomacán, estado de México, y Yanga, Veracruz. A partir de ese momento comenzaron las amenazas de muerte contra integrantes del Pro, particularmente contra Digna y Pilar Noriega.

También estuvo involucrada en la integración del expediente de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995. El Pro asumió el caso junto con Hilda Navarrete. La defensa colectiva de las víctimas, las viudas y los sobrevivientes fue coordinada por Digna.

En relación con la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ella intervino cuando los niños que sobrevivieron iban a recibir atención médica en Estados Unidos. Las autoridades no les permitían salir porque querían que viajaran con sus papás, cuando éstos habían fallecido en la matanza. Digna ayudó para que los niños pudieran viajar.

Luego se involucró en el caso del desalojo violento de varios municipios autónomos zapatistas en Chiapas, efectuado por policías y militares en 1998, que culminó con la matanza en El Bosque (el 10 de junio). Digna, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, estuvo investigando cómo se realizaron los desalojos y las ejecuciones en El Bosque. Después llevó el caso a la CIDH porque ninguna instancia nacional investigó a fondo, incluida la Procuraduría Militar.

Ese mismo año participó en el proceso jurídico que se siguió tras la matanza de El Charco ocurrida en junio de 1998 en Guerrero, donde estaban involucrados militares y la misma Procuraduría Militar.

Tiempo después participó en la investigación sobre los grupos paramilitares y la responsabilidad del Ejército en su protección y organización.

En relación con este tema defendió a Gilberto López y Rivas cuando éste denunció ante el Ministerio Público a los grupos paramilitares en Chiapas. La PGR quiso revertir la denuncia contra López y Rivas si no revelaba su fuente.

Después vino el caso de Alberto Enríquez del Valle, soldado que se dio de baja y realizó una investigación sobre las fuerzas armadas. El procurador militar, Macedo de la Concha, lo acusó de difundir material confidencial de la Sedena. Digna ofreció como prueba la declaración del secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, para que ante el juez aclarara si el material en cuestión, el Manual de Guerra Irregular de lucha contrainsurgente era un material editado por la Sedena. Si el titular de la Sedena aceptaba como propio el material, hubiera sido muy comprometedor para las fuerzas armadas mexicanas porque el manual provenía del Pentágono y se evidenciaba que la Sedena realizaba una estrategia contrainsurgente en Chiapas y otros estados. Si Cervantes Aguirre negaba que la Sedena había elaborado ese material quedaba sin efecto la acusación contra Alberto Enríquez. El caso fue archivado por la astucia de la abogada.

Después vendría el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en donde ella pudo demostrar que los militares los incomunicaron y torturaron. Incluso la CIDH ha pedido su liberación por considerarlos inocentes. Otro caso donde el todavía procurador militar Macedo de la Concha encubrió al Ejército.

Junto con el Pro y otros organismos de derechos humanos, Digna investigó varios casos en Guerrero donde se involucraba a militares en detenciones ilegales, torturas, ejecuciones sumarias y violaciones. Mención destacada tiene el caso de dos indígenas de Barrio Nuevo San José, Guerrero, violadas por miembros del Ejército Mexicano el 21 de abril de 1999 y cuyo caso ya se encuentra en la CIDH. Digna también defendió a estudiantes de la UNAM que fueron detenidos por la Policía Federal Preventiva tras el desalojo de la Universidad el 6 de febrero de 2000.

También participó en el caso de un militar que pidió asilo en otro país. Intervino el Pro, Digna documentó la masacre en Ocosingo y confirmó que mandos militares ordenaron disparar contra los civiles durante los primeros días de enero de 1994. Al final le concedieron asilo político al militar porque se negó a disparar contra civiles.

Aunque también participó en otros casos menos públicos pero que significaron la liberación de mucha gente. Realizaba gestiones en asuntos menores como buscar la indemnización de familias pobres de soldados que habían muerto en acción en las fuerzas armadas.

En el Pro había muchas acciones urgentes, detenciones arbitrarias, personas que desaparecían. Había que buscarlos en las cárceles y visitarlos en los reclusorios, ese era un trabajo cotidiano de Digna.

***

"El caso de Digna es paradigmático, porque tenía una idea del derecho al servicio de los más pobres, eso lo hacía por su vocación religiosa y por su firme convicción de la justicia", recuerda Jesús Maldonado, integrante del Pro.

Tenía un estilo de vida bastante modesto. No tenía coche. Rafael cuenta esta faceta de Digna: "Era muy amable, le gustaba mucho escuchar, convivía mucho con la gente del pueblo, pero ante las autoridades era muy firme y exigente. Ante los abusos de las autoridades era implacable".

Su trabajo como abogada se centró en la defensa de los derechos humanos y durante los nueve años que estuvo en la congregación religiosa se dedicaba los fines de semana a un trabajo pastoral, de promoción social en colonias de la periferia de la ciudad de México.

"Era una mujer muy decidida, cuando se proponía algo lo lograba -cuenta Rafael Alvarez-. Un día llegó al Reclusorio Norte y como no la dejaban entrar porque la guardia decía que su vestido era azul (en realidad era gris) ella les dijo: ' ¿de blanco sí puedo?' Como traía el fondo blanco se quería quitar el vestido. Ante su actitud decidida los guardias la dejaron pasar".

"Su dignidad desconcertaba a las autoridades, sobre todo porque era un mujer con una apariencia de monja y resultaba ser un interlocutor muy difícil porque conocía sus derechos y las obligaciones de la autoridad", recuerda Rafael Alvarez.

En otra ocasión, dice, durante una diligencia de un presunto zapatista, tenían que declarar los agentes que habían hecho la detención. Era muy importante que no se comunicaran entre ellos. Cuando pasó a declarar el primero quiso informarles a sus compañeros de las preguntas. Digna se lo impidió, entonces se metieron al baño de los hombres para hablar y ella se metió con ellos. Después los agentes judiciales quisieron acusarla ante el juez de que los había acosado sexualmente.

A pesar de las amenazas ella andaba en metro, tomaba el pesero para llegar a su casa. Eso muchas veces ponía en riesgo su seguridad.

Desde 1995 Digna vivió acosada por las amenazas. Entre 1995 y 1997 los miembros del Pro recibieron en promedio una amenaza cada tres semanas. Después de seis años, constituyen un patrón de tortura psicológica.

"Cuando se dan las amenazas contra nosotros pensamos que el objetivo era provocar una situación de desgaste a la larga y también que esas amenazas no se iban a cumplir", dice Alvarez.

Después de los últimos acontecimientos más graves contra Digna, como el secuestro y la tortura en 1999, la CIDH pidió medidas provisionales para protegerla y para investigar las amenazas, pero ella decidió irse a Washington con los compañeros del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

"Pero la mejor defensa de los activistas de derechos humanos es llevar ante la justicia a los responsables intelectuales y materiales del crimen. Eso no fue cumplido por las autoridades en su caso", indica Alvarez.

Después de la muerte de Digna ya han sido amenazados una decena de defensores de derechos humanos de la capital, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se documentaron 150 casos.

La impunidad amenaza el futuro democrático del país, señala Rafael Alvarez. Si las autoridades no acaban con ella la violencia contra la sociedad podría instalarse como lenguaje del poder real.*

Algunos casos en los que Digna Ochoa intervino para defender víctimas de violaciones a derechos humanos o de los que hizo un seguimiento jurídico


Año Caso
Implicados

1991 Anaversa.
Contaminación química en Córdoba, Veracruz.
Miles de afectados
Anaversa, Autoridades estatales y federales

1993 Detención del general José Francisco Gallardo
Ejército Mexicano

1994 Ejecuciones extrajudiciales
Ejército Mexicano

Ejido Morelia, Chiapas Violaciones a tres indígenas
Ejército Mexicano

1995 Detenciones de presuntos zapatistas
Ejército Mexicano Policía Judicial Federal

Matanza de Aguas Blancas Guerrero
Policía estatal Ejército Mexicano Gobierno estatal

1997 Matanza de 45 indígenas Acteal, Chiapas
Paramilitares Ejército Mexicano

Ofensiva a municipios autónomos zapatistas Detenciones ilegales Ejecuciones extrajudiciales (El Bosque Chiapas)
Ejército Mexicano, Policía estatal, Policía judicial Federal

Matanza en El Charco, Guerrero
Ejército Mexicano

1999 Detención ilegal, tortura de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, campesinos ecologístas de Guerrero
Ejército Mexicano

Violación de dos indígenas Barrio Nuevo San José, Guerrero
Ejército Mexicano

2000 Detención de mil estudiantes de la UNAM
Policía Federal Preventiva

2001 Detención de presuntos militantes de las FARP
Ejército Mexicano, Policía Federal Preventiva

Defensa de Jacobo Silva presunto comandante del ERPI
Ejército Mexicano


viernes, 19 de octubre de 2001

Digna Ochoa

Digna Ochoa

De Wikipedia, la enciclopedia libre Saltar a navegación, búsqueda Digna Ochoa y Plácido nació el 15 de mayo de 1964 en Misantla, Veracruz. Murió el 19 de octubre de 2001 en México, D.F.

Digna Ochoa (1964-2001).

Abogada defensora de los derechos humanos en México, fue integrante del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" (Prodh).
Asistió a la Facultad de Derecho en Xalapa, Veracruz en 1984 y empezó a trabajar a tiempo parcial en la oficina del Procurador General de Veracruz en 1986. El 16 de agosto de 1988, comprometida políticamente con grupos de oposición, y después de advertir a su familia de que había encontrado una “lista negra” de activistas políticos en la oficina de su jefe, fue secuestrada en Xalapa. Ochoa declaró que sus secuestradores fueron oficiales de policía estatales y que fue violada. No hubo ninguna investigación sobre sus alegaciones.

En 1991 entró en el convento dominicano de la Palabra Encarnada donde estudió hasta 1999. Dejó el convento sin tomar los votos.
En 1996 Amnistía Internacional alerta sobre las amenazas de muerte dirigidas contra Digna Ochoa y la también abogada, Pilar Noriega, las cuales buscaban intimidarlas por su participación en la defensa de supuestos zapatistas, considerados prisioneros de conciencia.
En 1999 Digna Ochoa fue secuestrada en su propio domicilio por desconocidos, quienes la interrogaron sobre sus actividades en el Prodh, respecto a la defensa de presos y sobre casas de seguridad de los movimientos armados en México. También recibió varios mensajes anónimos con amenazas de muerte en las oficinas del Prodh.
El 17 de noviembre de ese año la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena medidas provisionales para proteger la vida y la integridad física de Digna Ochoa y demás miembros del Prodh. Para resguardar su integridad, en 2000 se traslada a los Estados Unidos.
En 2001 decide regresar a México y junto con Pilar Noriega se encarga del caso de los hermanos Cerezo Conteras, estudiantes universitarios detenidos el 13 de agosto de 2001, acusados de detonar bombas en sucursales de Banamex de la Ciudad de México. También se ocupa del caso de campesinos ecologistas presos en Guerrero.

El 19 de octubre de 2001 fue asesinada, sin embargo, aunque los primeros dictámenes coincidían en que su muerte fue un homicidio, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) difundió una compleja tesis de suicidio, se descartó continuar la investigación para dar con los responsables y se dio por cerrado el caso. El informe de la autopsia indicaba que en su cuerpo había dos heridas de bala de calibre 22. Su muerte fue causada por un disparo en la cabeza. La herida de la entrada estaba en el lado izquierdo. Según el informe del forense, la bala atravesó el cráneo de izquierda a derecha con un ligero ángulo de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante. La bala se quedó incrustada en el temporal derecho. Ochoa era diestra. La otra bala le entró por el muslo por delante hasta la parte posterior.

En 2003 el cineasta Felipe Cazals realiza la película "Digna... hasta el último aliento". A petición de sus familiares su cadáver fue exhumado 2005 y la investigación sobre su muerte fue reabierta. Las indagaciones indican que tras el asesinato de Digna Ochoa se encuentran caciques y militares afectados por el activismo de los presos a los cuales la abogada defendía.

El 15 de marzo de 2007 en la Sierra de Petatlán, Guerrero, un campesino da a conocer información que señala al ganadero y ex presidente municipal de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada.

domingo, 12 de noviembre de 2000

Mexquititlán

Agustín Escobar Ledesma
extranjeros en su tierra
La Jornada Semanal, 12 de noviembre del 2000

Mexquititlán

Santiago Mexquititlán es una población otomí o ñañho que se ubica al sur del estado de Querétaro, sobre la orilla del río Lerma. Entre su menú ancestral se encontraban un hongo modestamente alucinógeno (el jo dadäte) y la mariposa Monarca. Desprestigiados entre los españoles por los informantes nahuas; explotados como esclavos durante el porfiriato; menospreciados en la Ciudad de México, a donde van a pedir limosna y vender "chicles tipo americano", los y las ñañho de Mexquititlán a veces quedan atrapados en el inframundo del metro Insurgentes entre tragos de caguama e inhalaciones de cemento. El lingüista holandés EwaldHekking tomó su primera lección práctica de Severiano Andrés de Jesús hace veinte años: cómo espantar a las feroces bandas de perros que atacan a todo ser viviente en los despoblados. Ambos han publicado una gramática y un diccionario otomí-español, y Ewald no olvida llevar piedras en los bolsillos para arrojárselas al líder de la jauría, como Severiano le enseñó.





Santiago Mexquititlán, Amealco, es una población india a donde el servicio de electricidad llegó en 1967 y la carretera asfaltada en 1978. Es un mágico y misterioso lugar, cuyo toque de belleza corre a cargo de la multicolor vestimenta femenina que se suma al deleite visual de las flores del campo. Ubicado al sur del estado de Querétaro, separado de los estados de México y Michoacán por el río Lerma, sus dieciséis mil habitantes ñañho, distribuidos en las dispersas casas de los seis barrios, trabajan sin descanso.

Historia con minúsculas. Los ñañho de Mexquititlán pertenecen a uno de los pueblos más antiguos de Mesoamérica, y sus fiestas están directamente relacionadas con el ciclo agrícola. Entre sus prácticas figuraba la ingestión del jo nadäte, hongo alucinógeno que cambia la percepción de la realidad, y la mariposa monarca se incluía en su alimentación. A pesar de su antigüedad, es una de las culturas menos entendidas por los investigadores, debido, como lo apunta David Wright, "a los prejuicios étnicos de los nahuas, quienes dominaban el centro de México cuando llegaron los primeros europeos a la región. Cuando los hombres blancos preguntaron quiénes eran los otomíes, los nahuas contestaron que aquéllos eran "torpes, toscos e inhábiles", así como "muy perezosos" y hasta "lujuriosos". Las crónicas del siglo XVI, escritas en buena parte por nahuas (o por españoles trabajando con informantes nahuas), están llenas de opiniones denigrantes acerca de los otomíes".

Según Lydia van de Fliert, Santiago Mexquititlán fue fundado como tal en 1520 y perteneció a Xilotepec y, en 1942, pasó a formar parte del estado de Querétaro. También existe la versión de que la comunidad fue fundada por indígenas provenientes del valle del Mezquital, Hidalgo, lo que es reforzado por el nombre que lleva la población y que en lengua náhuatl significa "lugar de mezquites".

El porfiriato. Según la investigación de campo realizada en 1986 (titulada El otomí en busca de la vida) por el profesor bilingüe ñañho-español Severiano Andrés de Jesús, oriundo de Mexquititlán, y por la antropóloga Lydia van de Fliert, los lugareños más ancianos de la comunidad recuerdan que durante el porfiriato la vida de los ñañho valía menos que un comino. Francisco Monte Gachupín poseía siete haciendas: La Torre, San Felipe, Santa Teresa, La Concepción, Solís, San José Ixtapan y Molinos, en donde la población trabajaba de lunes a sábado en una época sin puentes vacacionales. El despertador de los peones era la destemplada y aguardentosa voz del mayordomo que gritaba a todo pulmón: "¡Ave María Purísima!", y ay de aquel que no atendiera la sagrada invitación al trabajo cuyo jornal diario era de veinticinco centavos para los hombres y ocho para los niños.

Posrevolución. Después de la Revolución de 1910, latifundistas y achichincles que los acompañaban huyeron a la Ciudad de México, ante el temor de que los otomíes colocaran reatas en sus blancos y finos pescuezos en vez de corbatas de seda. Veintidós años después de iniciado el movimiento armado y después de engorrosos trámites ante la Secretaría de la Reforma Agraria, el latifundio se convirtió en ejido y la comunidad india vivió quince años de progreso dentro de una relativa independencia social y económica.

La fiebre. En 1947 apareció en Mexquititlán la fiebre aftosa, acompañada del rifle sanitario y avionetas que sobrevolaron la comunidad con el pretexto de combatir la epidemia, pero lo que realmente hicieron fue envenenar los pastizales. Con la fiebre llegó el glorioso ejército mexicano con asesores gringos, quienes se robaron el ganado fingiendo que mataban a los animales. Al darse cuenta de que el relieve de los entierros no mostraba que las bestias estuvieran sepultadas, un otomí se resistió a entregar su ganado, lo que le costó la vida. Fue asesinado a sangre fría por los soldados frente a su mujer e hijos. Nada pudieron hacer palos y piedras contra las balas del ejército.

Días después, una comisión de siete otomíes fue a la capital de la república y permaneció tres días frente a Palacio Nacional con la finalidad de que les pagaran los daños. Por respuesta, la policía los echó con la promesa de ser ahorcados ahí mismo si no regresaban a su tierra. Desde entonces los habitantes de Santiago, por las pérdidas sufridas, emigran a distintas ciudades en busca de trabajo o limosna.

Dos Santiago. Una de las fiestas más representativas de Santiago Mexquititlán es la del Jueves de Corpus, celebración que también se realiza en las principales calles de la ciudad de Santiago de Querétaro, en donde los jerarcas católicos desfilan trepados en carros alegóricos tirados por tractores Masey Ferguson. Sentados en sillas de maderas preciosas, bajo un fastuoso templo de columnas dóricas de cartón, lucen regios mantos orlados de hilos de oro y empuñan báculos del mismo metal. El cortejo es escoltado por una procesión integrada por los Adoradores de Cristo, monjas y algunos fieles que sahúman a sus eminencias con aromáticas nubes de incienso, pétalos y papel de china picado.

Aunque en Mexquititlán el ritual también es católico, es totalmente distinto. Los cargueros salen de madrugada a ríos, montes, milpas y bosques para capturar animales vivos que colocan en ermitas provisionales (parecidas a las estructuras de los vendedores ambulantes de las ciudades) alrededor del templo mayor. Cada ermita tiene al centro una imagen sagrada a la que le cuelgan flores, ceras, frutas y panes en forma de águilas bicéfalas, tortugas, ranas o redondos soles, y es rodeada de listones multicolores.

Del marco de las ermitas los cargueros cuelgan los animales atrapados: conejos, tortugas, culebras, tlacuaches, ardillas, camaleones, pájaros, peces, etcétera. Algunos están enjaulados, embolsados o amarrados con alambres o hilos para que no huyan. La celebración se llama dängo ya zuÕwe (la fiesta de los animales). La comunidad lleva en andas a las divinidades al interior del templo mayor. La Dolorosa parece decir que las penas con pan son menos; el sangrante Cristo quisiera desatarse las manos para comer un plátano; a Santiago Apóstol el espadón se le convierte en un ramo de perfumadas gladiolas rojas.

Finalmente, los cargueros devuelven los animales al sitio en que los atraparon y los dejan escapar sin aplicarles la ley fuga, para que busquen la vida. Después, todo mundo comparte alegremente la comida y la bebida alrededor del templo, hasta que la luz solar se desbarranca en la profunda y negra noche para velar alegrías y tristezas.

La vida en rosa. Aquí, al igual que en otras comunidades indias, persiste la costumbre de usar los nombres propios como apellidos: "Yo me llamo Pablo Máximo Florencio porque mi bisabuelo se llamaba Gregorio Máximo, mi abuelo Francisco Máximo y mi papá Nicolás Máximo. A mi abuelo le tocó trabajar con los hacendados, cuando los peones se levantaban a trabajar primero que el sol.

"Yo empecé a los nueve años. A esa edad mi mamá me llevó a mí y a mi hermana a vender chicles tipo americano en la Zona Rosa; en dos horas vendía cinco cajas. Rentábamos un cuarto en San Juan de Aragón en donde dormíamos después de vender toda la noche. Había ocasiones en que una camioneta nos quitaba la mercancía y yo me ponía a llorar.

"A los doce años dejé a mi familia y me junté con unos vagos que también eran de Mexquititlán y que le entraban a las caguamas y al cemento. El Metro Insurgentes era nuestra guarida. Nos subíamos a un escondite en la parte alta de la estación formando una pirámide humana. Cierta ocasión que bajamos a comprar caguamas en una vinatería de las que abren las veinticuatro horas, nos apañó la policía, pero, aunque yo me pude escapar, dejé abandonadas mis cajas de chicles.

"A los catorce años regresé a Mexquititlán y a los quince me casé pero seguía tomando. Una vez en la fiesta de Corpus me puse pedo en las carpas de cerveza de los mestizos. Cuando se me acabó el dinero un amigo me invitó un trago, pero en lugar de coca, le puso petróleo a la bebida, por poco y me ahogo. Cuando me quedaba tirado mi mujer se sentaba a mi lado y de ahí no se movía hasta que yo despertaba. En cierta ocasión, ante una caguama, me pregunté: "Si me muero, ¿qué les voy a dejar a mis cinco hijos?" No quiero que mis niños vayan a la Zona Rosa a vender chicles tipo americano."

Lengua. En Mexquititlán existen jaurías que deambulan por los parajes solitarios. Son perros bravos que parecen policías, corretean a la gente para morderla. Cuando el lingüista holandés Ewald Hekking conoció este lugar, hace veinte años, lo primero que aprendió de Severiano fue la manera de defenderse de los canes. Cuando se encontraban con los perros, Severiano lanzaba con gran tino una piedra dentro del hocico del líder canino. "Así, Ewald, fíjate." Enseguida el cabecilla se iba con la cola entre las patas, al igual que sus seguidores. De ese modo, entre vocablos, sustantivos, adjetivos, perros bravos y secretos ancestrales, Ewald se fue familiarizando con el mundo otomí.

Ewald y Severiano trabajan en la reconstrucción del fragmentado espejo de obsidiana otomí. Después de varios años, como producto de sus investigaciones tienen dos libros publicados: uno de gramática y un diccionario otomí-español (aunque desde hace años tienen lista una ampliación del diccionario que ahora incluye la variante dialectal de Tolimán, no hay instituciones que lo editen). Con su obra han demostrado que el concepto negativo que los primeros españoles tenían del idioma ñañho era sólo un prejuicio. En la Relación de Querétaro, Francisco Ramos de Cárdenas afirma que los otomíes de Querétaro "son muy bárbaros y tardos en entender las buenas costumbres que les enseñan, y es muy grande parte la barbaridad de su lenguaje porque aunque han trabajado en esto los ministros del santo Evangelio con mucha curiosidad, no se han podido imprimir libros de las cosas tocantes a nuestra santa fe católica como las demás lenguas de esta tierra, por la dificultad de la ortografía en la pronunciación, porque una cosa diciéndola aprisa o despacio, alto o bajo, cada una de estas maneras tiene su significación y quiere decir cosa distinta, apartada una de otra, y aunque se ha probado a imprimir una doctrina cristiana [que] verdaderamente la entendieron los naturales, y así es gente más incomunicable e intratable a los españoles que las demás naciones de esta tierra" (Wright, 1989).

Como los antiguos marineros, Ewald y Severiano luchan contra viento y marea para impartir el idioma otomí en la Universidad Autónoma de Querétaro y en las aulas del videobachillerato de Mexquititlán, escuela que durante varios años estuvo en una maquiladora abandonada. Ewald llega a la comunidad con piedras en los bolsillos de su chamarra, para ahuyentar a las jaurías.

La muñeca fea. En casi todas las casas de los barrios de esta comunidad, tras cumplir con las labores del hogar, las mujeres y las niñas ­en algunos casos ayudadas por los hombres­ elaboran hermosas muñecas de trapo, fieles retratos de la multicolor indumentaria femenina que llevan a vender a diversas ciudades del país: Salamanca, León, Morelia, Puerto Vallarta, Mexicali, Cabo San Lucas, Monterrey, Tijuana y Matamoros. Hay dos urbes que evitan: México, por la inseguridad, y Querétaro, desde que es gobernada con orden, honradez y ornato por las autoridades panistas que no permiten a los otomíes ganarse la vida en la vía pública.

Y yo que me la llevé al río... Cerca de Donicá corre el río Lerma, que en época de estiaje lleva escasa agua color Coca Cola. Aunque en la temporada de lluvias el caudal es enorme, a nadie en su sano juicio se le ocurre bañarse, ante el temor de adquirir ronchas en la piel. Cuando borregos, vacas, y chivos llegan a beber estas aguas, se enferman. Es por eso que sólo son utilizadas para regar algunas milpas en las que florece maíz, frijol, chile, garbanza, lenteja, etcétera.

De algunos años a la fecha, los otomíes cultivan de manera intensiva la cempoalxóchitl, flor que durante miles de años ha mantenido una importante función ritual en torno a las ánimas. Bachoco y Pilgrims compran la producción de flor para alimentar pollos de engorda. Los fabricantes de pastas comestibles también la adquieren para teñir sus productos.

En Mexquititlán hay lo mismo ejidatarios que comuneros y pequeños propietarios. Los más afortunados (unos cuantos) tienen parcelas de riego con el agua del río; otros deben pagar por el agua de los pozos y la mayoría sólo posee parcelas de temporal. Casi todos prefieren el cultivo de la flor, ya que les reditúa mejores dividendos que el maíz en el que invierten tres pesos y recuperan dos. Sin embargo, con la cempoalxóchitl también tienen pérdidas, ya que los compradores se llevan la producción y no la pagan.

Salucita. Los médicos del centro de salud que atienden a Barrio Centro, Barrio II, Barrio III y Barrio IV informan que los niños son los que más sufren las consecuencias de la pobreza en la que se debate la comunidad. Para empezar, hay cientos de infantes con desnutrición que la ciencia médica califica como leve; durante la temporada de calor y lluvias atienden por semana a cerca de treinta niños enfermos de diarrea; durante el invierno alrededor de veinte niños por semana padecen de las vías respiratorias. Comparadas con el promedio en núcleos de población urbana, estas cantidades son completamente desproporcionadas.

Para la mayoría de las mujeres la violencia intrafamiliar es "normal", tanto como las infecciones vaginales. Al año fallecen cuatro personas en promedio por cirrosis hepática, tanto hombres como mujeres. El año pasado hubo tres muertes causadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida, por sus macabras iniciales), enfermedad que ha aparecido en la zona debido a que se ha incrementado el número de personas que van a trabajar a la frontera y a los Estados Unidos.

La resistencia. A Juan y Nicolás Pérez Domínguez les ha tocado bailar con la más fea. Pertenecen a la agrupación de fiscales, cantores, cargueros y mayores de Mexquititlán, grupo conservacionista (que no es lo mismo que conservador) que históricamente ha luchado porque no desaparezca la cultura ñañho. Los hermanos incluso han sido perseguidos por la ley debido a su oposición ante la intromisión de instituciones eclesiásticas y gubernamentales en Mexquititlán. En 1987 vivieron a salto de mata por las denuncias interpuestas en su contra cuando se opusieron al sacerdote Manuel Paniagua, quien intentó prohibir las festividades comunitarias.

Actualmente hay una fuerte polémica, que ha dividido a la población y que puede generar violencia. El pretexto gira en torno a la utilización de velas en el interior del templo mayor, práctica ancestral en los rituales a las divinidades, que un grupo de personas pretende erradicar, apoyado por el Centro Regional del INAH de Querétaro, ante la preocupación de cargueros, fiscales, cantores y mayores.

A pesar de todo, en Santiago Mexquititlán, cuyo imaginario colectivo es habitado por naguales, seres sobrenaturales que con su poder se transforman en burros de cinco patas, la vida no se detiene ni se acaba.